CUANDO FALLA LO DIGITAL: CIBERSEGURIDAD, RESILIENCIA Y GOBERNANZA DE LA INFRAESTRUCTURA CRÍTICA

De los ciberataques a los planes de continuidad y recuperación: proteger las operaciones esenciales en una economía interconectada.
La transformación digital ha ampliado la capacidad de las organizaciones para producir, comerciar, prestar servicios y administrar recursos. También ha conectado procesos que antes operaban de manera independiente. Hoy, una instalación física puede depender de sensores, controladores remotos, redes de telecomunicaciones, plataformas de terceros y sistemas automatizados. Esa interdependencia genera eficiencias, pero también permite que una vulnerabilidad tecnológica se convierta en una interrupción operativa, una pérdida económica o un riesgo para la población.
En un artículo anterior, “Inteligencia artificial y ciberseguridad: el desafío de gobernar una transformación que también puede vulnerarnos”, se planteó que la eficiencia digital no equivale necesariamente a seguridad y que la ciberseguridad debe asumirse como una responsabilidad de gobierno institucional. Los acontecimientos recientes permiten profundizar en esa reflexión: ya no basta con identificar amenazas, fortalecer controles o responder a incidentes. Es indispensable demostrar que las organizaciones pueden mantener sus funciones esenciales y recuperar sus capacidades cuando la prevención no es suficiente.
Cuando el riesgo digital alcanza la economía real
Uno de los episodios más ilustrativos ocurrió en Francia durante la noche del 11 al 12 de octubre de 2026. Diversos supermercados sufrieron una intervención no autorizada de sus sistemas de refrigeración. Los reportes periodísticos describieron la manipulación remota de parámetros de temperatura y de ciclos de descongelación; en algunos establecimientos, las temperaturas de cámaras y congeladores aumentaron hasta niveles cercanos a los 50 grados Celsius. La afectación obligó a retirar y desechar productos para evitar riesgos sanitarios. Se informó de impactos en cientos de establecimientos y de daños materiales en algunas instalaciones.[1]
No se trató, por tanto, de un apagón eléctrico generalizado. El problema estuvo en los sistemas digitales que supervisaban y controlaban equipos físicos. Esta diferencia es sustantiva: una instalación puede conservar el suministro eléctrico y, aun así, perder el control seguro de sus operaciones porque los sistemas que gobiernan sus equipos han sido comprometidos.
El episodio no quedó limitado a Francia. Los días 1 y 2 de noviembre se reportaron incidentes similares en establecimientos de distintos países europeos. La Comisión Europea, ENISA y otras instancias de cooperación regional emitieron una declaración conjunta y señalaron que los sistemas comerciales de refrigeración habían sido afectados por incidentes de ciberseguridad en varios Estados miembros. Las autoridades recomendaron reducir la exposición de esos sistemas y reforzar la coordinación y el intercambio de información.[2]
Las investigaciones y los reportes disponibles no permiten afirmar que todos los incidentes respondan a una sola operación ni atribuirlos definitivamente a un mismo responsable. Sin embargo, sí muestran que tecnologías conectadas y utilizadas en múltiples instalaciones pueden convertirse en un punto de exposición compartido. El riesgo no se limita al robo de datos: puede traducirse en pérdida de inventarios, afectación de la cadena de frío, desperdicio de alimentos, costos de reposición y deterioro de la confianza.
Interrupciones que no deben confundirse con ciberataques
Otros acontecimientos recientes en Estados Unidos muestran por qué es necesario distinguir entre un ciberataque y una falla tecnológica. El 13 de noviembre de 2026, la Administración Federal de Aviación (FAA) ordenó una suspensión nacional de despegues después de que una inestabilidad en su red de telecomunicaciones afectara comunicaciones y señales de radar. La FAA informó que el problema involucró un volumen inusual de intentos de conexión y que la investigación consideraba, entre otros elementos, trabajos de sustitución de un enrutador en una instalación remota. La autoridad indicó que 17 de sus 22 centros de control de rutas experimentaron inestabilidad; no presentó el incidente como un ciberataque confirmado.[3]
El 16 de noviembre, United Airlines comunicó una interrupción de sus sistemas que retrasó salidas durante aproximadamente una hora y cuarenta minutos. La compañía no confirmó una causa cibernética y no hubo indicios públicos de que se tratara de un ataque.[4] Ese mismo día, JPMorgan Chase atribuyó retrasos en algunas transacciones a un error de software en sus sistemas de hardware. La entidad señaló que no había evidencia de que el problema estuviera relacionado con un ciberataque. Los reportes de clientes de otros bancos reflejaron dificultades de acceso y efectos indirectos en operaciones que dependían de transacciones procesadas por Chase.[5]
La relevancia de estos episodios no radica en presentarlos como parte de una misma campaña, sino en reconocer que las organizaciones enfrentan distintas causas de interrupción: ataques deliberados, errores de software, fallas de infraestructura, actualizaciones defectuosas, problemas de configuración o dependencia de proveedores. Para la continuidad de un servicio, el efecto puede ser igualmente grave, aunque el origen y las responsabilidades sean diferentes.
La infraestructura científica también está expuesta
El 17 de noviembre de 2026, el instituto japonés RIKEN informó que un tercero había obtenido acceso no autorizado a sistemas relacionados con la supercomputadora Fugaku. De acuerdo con la institución, el acceso se produjo entre el 10 y el 13 de noviembre, utilizando como punto de entrada una página pública que mostraba el estado operativo del sistema. RIKEN reportó manipulación de varios servidores y la posible exposición de información de usuarios y credenciales de acceso. La institución suspendió la operación de Fugaku y bloqueó el acceso externo mientras investiga el alcance del incidente.[6]
RIKEN precisó que, al momento de su comunicado, no existía evidencia concreta de que los resultados de investigación hubieran sido extraídos. Esta precisión importa: una investigación responsable debe distinguir entre información potencialmente expuesta, accesos confirmados y daños efectivamente acreditados. También importa la dimensión institucional del caso: una supercomputadora es parte de la infraestructura científica de un país y su indisponibilidad puede afectar proyectos, calendarios de investigación y servicios para la comunidad académica.
La continuidad operativa no puede depender de que nada falle
Los acontecimientos descritos conducen a una pregunta central: ¿qué ocurre con una organización cuando sus sistemas críticos dejan de funcionar, son comprometidos o entregan información incorrecta? La respuesta no puede limitarse a esperar que el proveedor restablezca el servicio o que el área informática resuelva la incidencia. Las organizaciones necesitan prepararse para seguir cumpliendo su misión durante la contingencia y recuperar sus capacidades de manera ordenada.
En ese contexto, los planes BCP (Business Continuity Plan o Plan de Continuidad del Negocio y de las Operaciones) y DRP (Disaster Recovery Plan o Plan de Recuperación ante Desastres) son instrumentos complementarios. El BCP establece cómo mantener o restablecer, en un nivel aceptable, los procesos y servicios prioritarios durante una interrupción. El DRP se concentra en recuperar la infraestructura tecnológica, las aplicaciones, las redes, las configuraciones y la información necesarias para volver a operar.
La diferencia puede expresarse de manera sencilla: el BCP responde cómo continúa la organización cuando ocurre una contingencia; el DRP establece cómo se recuperan los recursos tecnológicos que permiten sostener esa operación. No son documentos aislados ni sustitutos uno del otro. Deben articularse con la gestión de riesgos, los protocolos de respuesta a incidentes, la comunicación de crisis y los procedimientos de seguridad física y operativa.
Un BCP eficaz debe partir de un análisis de impacto al negocio o a las operaciones (BIA), que identifique procesos críticos, dependencias, consecuencias de una interrupción y prioridades de recuperación. También debe establecer responsables, mecanismos alternativos de operación, comunicación con usuarios y proveedores, y criterios para reanudar actividades de forma segura.
El DRP, por su parte, debe contemplar respaldos seguros y probados, recuperación de aplicaciones y bases de datos, infraestructura alterna, restauración de configuraciones, protección de credenciales, procedimientos para aislar sistemas comprometidos y validación de que los equipos recuperados son confiables. En entornos industriales y de tecnología operativa, como los controles de refrigeración, también deben existir mecanismos locales o manuales que permitan mantener condiciones seguras cuando el control remoto no está disponible.
Dos parámetros ayudan a convertir la preparación en objetivos verificables. El RTO (Recovery Time Objective) establece el tiempo objetivo dentro del cual debe recuperarse un sistema o servicio antes de que la demora afecte la misión de la organización. El RPO (Recovery Point Objective) define el punto temporal al que debe ser posible recuperar la información después de una interrupción; en términos prácticos, permite determinar cuánta información reciente podría perderse.[7] Ambos objetivos deben definirse según la criticidad del proceso y no mediante metas genéricas.
La existencia documental de un BCP o un DRP no garantiza resiliencia. Los planes deben contar con recursos, responsables capacitados, proveedores comprometidos, respaldos protegidos frente a los mismos ataques que podrían afectar los sistemas originales y pruebas periódicas. Los ejercicios deben incluir escenarios realistas: pérdida de conectividad, indisponibilidad de un proveedor, corrupción de datos, ransomware, alteración de equipos de control o interrupción prolongada de energía.
La auditoría al desempeño: evaluar la capacidad real de respuesta
Desde la perspectiva de la auditoría al desempeño, el desafío consiste en pasar de verificar la existencia de políticas, contratos y documentos a evaluar si los controles producen resultados y si la organización puede sostener sus funciones esenciales. La pregunta no es solamente cuánto se invirtió en tecnología o si se adquirieron herramientas de seguridad, sino si esas inversiones reducen la exposición y permiten responder eficazmente ante una contingencia.
Una evaluación puede examinar si existe un BIA actualizado; si los procesos críticos cuentan con BCP y DRP; si los tiempos RTO y los puntos RPO están definidos y son razonables; si los respaldos se restauran satisfactoriamente; si los accesos remotos de proveedores están inventariados, limitados y supervisados; si se realizan simulacros; y si las observaciones de auditoría se traducen en acciones correctivas comprobables.
También conviene medir el tiempo de detección, contención y recuperación de incidentes; la proporción de sistemas críticos sometidos a pruebas; el porcentaje de planes actualizados; la disponibilidad de mecanismos alternativos; y las pérdidas económicas y operativas asociadas a interrupciones. Estos indicadores deben interpretarse de acuerdo con el contexto y la criticidad de cada servicio. No se trata de acumular métricas, sino de contar con evidencia para saber si la organización está mejor preparada que antes.
La supervisión debe extenderse a terceros. Una institución puede tener controles internos adecuados y conservar una dependencia crítica de un proveedor que administra sus redes, centros de datos, sistemas de refrigeración, servicios en la nube o plataformas de pago. Los contratos deben establecer responsabilidades, niveles de servicio, notificación de incidentes, acceso para auditoría, obligaciones de actualización, respaldo y recuperación, así como procedimientos para terminar o sustituir servicios cuando sea necesario.
Gobernanza, inversión y protección del valor público
La continuidad digital exige decisiones de gobierno. Corresponde a los órganos directivos y a quienes administran recursos aprobar prioridades, asignar presupuestos, definir tolerancias al riesgo y exigir evidencia sobre la capacidad de recuperación. La responsabilidad no puede delegarse por completo en el área de tecnologías de información ni trasladarse íntegramente a un proveedor externo.
La inversión en ciberseguridad, mantenimiento, modernización y continuidad debe evaluarse a lo largo del ciclo de vida de los sistemas. Postergar actualizaciones, mantener equipos obsoletos o reducir costos sin analizar las consecuencias puede generar pasivos tecnológicos cuyo costo aparece después en forma de interrupciones, pérdidas, sanciones, afectación de derechos o deterioro de la confianza pública.
La norma ISO 22301 ofrece un marco para establecer, operar, revisar y mejorar sistemas de gestión de continuidad, mientras que la guía NIST SP 800-34 proporciona orientaciones para planificar contingencias de sistemas de información y relacionarlas con la resiliencia organizacional.[7] Estos referentes pueden apoyar la evaluación, siempre que se adapten al tamaño, funciones, riesgos y obligaciones de cada organización.
Reflexión final
La transformación digital no será sostenible si la innovación avanza más rápido que la capacidad de proteger y recuperar los sistemas de los que depende. Los incidentes en supermercados europeos muestran que una intervención informática puede afectar alimentos y cadenas de suministro. Las interrupciones en aviación y servicios financieros recuerdan que una falla técnica puede tener efectos que se extienden mucho más allá del equipo donde se originó. El caso de Fugaku evidencia que incluso la infraestructura científica estratégica está expuesta a accesos no autorizados.
No todos estos acontecimientos son ciberataques ni existe evidencia de que estén coordinados. Su valor como señales de alerta consiste precisamente en mostrar que la continuidad de las operaciones puede verse comprometida por causas diversas y que las organizaciones deben estar preparadas para responder sin improvisación.
La resiliencia institucional no consiste en suponer que los sistemas nunca fallarán, sino en desarrollar la capacidad para anticipar contingencias, mantener los servicios esenciales y recuperar oportunamente las operaciones. La prevención reduce la probabilidad de una interrupción; los planes de continuidad y recuperación reducen sus consecuencias.
Desde la auditoría al desempeño, debemos contribuir a que los recursos destinados a tecnología se traduzcan en capacidades verificables, servicios confiables y protección del valor público. Una institución preparada no es la que promete que nunca tendrá una falla, sino la que puede demostrar cómo la prevendrá, cómo responderá cuando ocurra y cómo recuperará su misión sin poner en riesgo a las personas ni los recursos que tiene bajo su responsabilidad.
Referencias
- Le Monde. (13 de octubre de 2026). “A disastrous day for French supermarkets after massive cyberattack targets refrigeration systems.” https://www.lemonde.fr/en/economy/article/2026/10/13/a-disastrous-day-for-french-supermarkets-after-massive-cyberattack-targets-refrigeration-systems_6758535_19.html
- Comisión Europea y ENISA. (4 de noviembre de 2026). “Declaración conjunta sobre ciberincidentes en los sistemas de refrigeración en toda la UE.” https://digital-strategy.ec.europa.eu/es/news/joint-statement-cyber-incidents-refrigeration-systems-across-eu
- Federal Aviation Administration. (15 de noviembre de 2026). “Nationwide Ground Stop: Questions and Answers.” https://www.faa.gov/newsroom/nationwide-ground-stop-questions-and-answers
- Associated Press. (16 de noviembre de 2026). “1.5-hour-long system outage forces United Airlines to delay departing flights.” https://apnews.com/article/5a5e5f75bb07f11ffb8750901f0076ff
- Reuters. (16 de noviembre de 2026). “JPMorgan says software bug slows its transactions.” https://www.reuters.com/legal/transactional/downdetector-reports-outages-major-us-banks-2026-11-16/
- RIKEN. (17 de noviembre de 2026). “Notice regarding a possible personal information leak affecting Fugaku and RIKYU users following unauthorized access to the supercomputer Fugaku.” https://www.riken.jp/en/news_pubs/news/2026/20261116_2/index.html
- National Institute of Standards and Technology (NIST). (2010). “Contingency Planning Guide for Federal Information Systems”, SP 800-34 Rev. 1. Consultar publicación
- International Organization for Standardization (ISO). (2019). ISO 22301:2019, “Security and resilience — Business continuity management systems — Requirements”. Consultar fuente
- National Institute of Standards and Technology (NIST). Computer Security Resource Center. Definiciones de Recovery Time Objective (RTO) y Recovery Point Objective (RPO). Consultar fuente
- Lozano Dubernard, Javier. (2026). Blog institucional AMDAD: “Inteligencia artificial y ciberseguridad: el desafío de gobernar una transformación que también puede vulnerarnos”.


