EL PRECIO DE LA DEMOCRACIA: ¿CUÁNTO CUESTA CADA VOTO EN MÉXICO?

Democracia y economía: participación ciudadana y eficiencia en el uso de los recursos públicos.
La democracia tiene un costo. Organizar elecciones, garantizar condiciones de competencia, actualizar el padrón electoral, instalar casillas, capacitar funcionarios, contar los votos y resolver controversias exige instituciones, personal, tecnología e infraestructura. Sin embargo, reducir su valor al presupuesto que se destina a las autoridades electorales sería una visión incompleta. La pregunta relevante no es únicamente cuánto cuesta emitir un voto, sino qué valor público produce el conjunto de recursos que hace posible que la ciudadanía elija libremente a sus representantes.
En un país con necesidades sociales y económicas apremiantes, el gasto electoral debe someterse a los mismos principios que cualquier otro gasto público: legalidad, economía, eficiencia, eficacia, transparencia y honradez. Pero también debe reconocerse que una democracia funcional constituye una inversión institucional: puede fortalecer la confianza, la certidumbre jurídica, la rendición de cuentas y las condiciones para el desarrollo. El reto consiste en evaluar ambos planos sin confundirlos.
De la organización electoral a la autonomía institucional
La evolución del sistema electoral mexicano ha estado acompañada por cambios institucionales orientados a construir mayor autonomía, profesionalización y confianza en la organización de los comicios. La creación del Instituto Federal Electoral en 1990 y su posterior transformación en Instituto Nacional Electoral en 2014 forman parte de ese proceso. La organización electoral dejó de ser una tarea administrativa ordinaria para convertirse en una función especializada, con capacidades técnicas y responsabilidades nacionales.
Esa arquitectura institucional tiene costos permanentes. El padrón y la lista nominal, la credencial para votar, la capacitación, la fiscalización, los sistemas de resultados y los mecanismos de certeza requieren recursos incluso en años sin elecciones federales. Por ello, el presupuesto total de la autoridad electoral no debe confundirse con el costo exclusivo de organizar una jornada electoral.
¿Cuánto ha costado cada voto?
Una forma de aproximarse al costo es dividir determinados recursos destinados al sistema electoral entre el número de sufragios emitidos. Bajo esa lógica, una referencia histórica publicada por la Auditoría Superior de la Federación reportó costos nominales por voto de $49.40 en 1991, $70.30 en 1994, $178.20 en 1997, $219.10 en 2000 y $412.80 en 2003. Para años posteriores, un análisis publicado por Expansión Política estimó $135.90 en 2012, $164.40 en 2018 y $206.75 en 2024.
Estas cifras deben leerse con cautela. Las fuentes no emplean necesariamente los mismos componentes presupuestarios ni idénticos criterios de cálculo; además, son cantidades nominales, no actualizadas por inflación. En consecuencia, no constituyen una serie perfectamente homogénea ni permiten concluir, por sí solas, que el sistema se haya vuelto más o menos eficiente. Su utilidad consiste en mostrar que el costo promedio por sufragio es un indicador que merece seguimiento, siempre que se transparenten su metodología, cobertura y denominador.
También es importante precisar que el denominador utilizado es el total de votos emitidos, no solamente los votos válidos. Los votos nulos y los emitidos por candidaturas no registradas forman parte del ejercicio material del sufragio y, por tanto, deben considerarse cuando se calcula el costo promedio por voto emitido.
2027: ¿cuánto podría costar cada voto?
Para dimensionar escenarios de participación en las elecciones intermedias de 2027, puede utilizarse como referencia una lista nominal proyectada de 102,056,000 personas y un presupuesto institucional del INE reportado en aproximadamente $36,274.5 millones de pesos. Esta última cifra corresponde al presupuesto global de la institución y no exclusivamente a los gastos directamente atribuibles a la organización de la elección.
Con esos supuestos, el ejercicio arroja los siguientes resultados:
- Conservador (50% de participación): 51,028,000 votos estimados · $711 de presupuesto global por voto.
- Intermedio (60%): 61,233,600 votos estimados · $593 de presupuesto global por voto.
- Alto (65%): 66,336,400 votos estimados · $547 de presupuesto global por voto.
El ejercicio es ilustrativo: divide un presupuesto institucional global entre distintos volúmenes hipotéticos de votos emitidos. No representa el costo marginal de producir un voto, ni el costo operativo exclusivo de instalar casillas, recibir y contar sufragios. Tampoco sustituye el análisis del gasto efectivamente ejercido. Su mensaje es más acotado: si el presupuesto permanece constante, una mayor participación reduce el costo promedio aritmético por voto.
Para evaluar eficiencia de manera rigurosa será necesario distinguir el gasto permanente del gasto específicamente electoral, identificar los recursos destinados a cada proceso, comparar presupuestos aprobados con gasto ejercido y relacionar esos recursos con productos, resultados y niveles de servicio.
La participación ciudadana: una variable que puede cambiar el escenario
La participación en las elecciones intermedias ha mostrado variaciones importantes. Los registros disponibles reportan 65.97% en 1991, 57.69% en 1997, 41.32% en 2003, 44.76% en 2009, 47.72% en 2015 y 52.66% en 2021. Después del descenso observado entre 1991 y 2003, las cuatro elecciones intermedias más recientes reflejan una recuperación gradual.
El comportamiento de 2027 dependerá de múltiples factores: la competitividad de las elecciones, la confianza en las instituciones, la percepción sobre el desempeño gubernamental, la calidad de las campañas, la información disponible y la capacidad de las autoridades para garantizar condiciones equitativas. El contexto político y los asuntos públicos que ocupen la atención ciudadana pueden influir en el interés por acudir a las urnas, pero no es posible anticipar con certeza su efecto.
La participación no debe promoverse solamente como una vía para reducir un indicador contable. Votar es un derecho y, conforme al artículo 36, fracción III, de la Constitución, también una obligación ciudadana. Su valor democrático reside en la posibilidad de expresar preferencias, renovar la representación y exigir responsabilidades.
Democracia, participación y economía: una inversión en el desarrollo
La relación entre democracia y economía va más allá del costo de organizar elecciones. Las instituciones confiables, la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas contribuyen a crear condiciones de certidumbre para las personas, las empresas y quienes toman decisiones de inversión. Cuando existen reglas claras y mecanismos efectivos para exigir responsabilidades, pueden reducirse espacios de discrecionalidad, incertidumbre y costos de transacción.
Esto no significa que la democracia, por sí sola, garantice crecimiento económico ni que una mayor participación electoral produzca automáticamente mejores resultados. La relación es más compleja: la calidad institucional, la estabilidad de las reglas, el Estado de derecho y la capacidad del gobierno para convertir recursos en bienes y servicios públicos son factores que interactúan con la actividad productiva y el bienestar.
La participación ciudadana fortalece esa relación cuando no termina en la jornada electoral. Una ciudadanía informada puede vigilar el ejercicio del poder, demandar explicaciones, evaluar políticas y exigir que las prioridades presupuestarias respondan a necesidades colectivas. La democracia adquiere mayor contenido cuando el voto se acompaña de vigilancia, deliberación y rendición de cuentas.
Desde esta perspectiva, el gasto electoral debe analizarse como una inversión institucional cuyo desempeño debe evaluarse. El artículo 134 constitucional establece principios para la administración de los recursos públicos, entre ellos eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. A su vez, los artículos 35 y 36 reconocen el derecho y la obligación de participar mediante el voto. La evaluación pública debe considerar conjuntamente estas dimensiones: garantizar el ejercicio de los derechos y cuidar que los recursos destinados a hacerlo produzcan resultados verificables.
Transparencia, fiscalización y valor público
La discusión sobre el costo de cada voto exige información abierta, comparable y verificable. Es necesario conocer qué parte del presupuesto corresponde a funciones permanentes, cuánto se destina a cada proceso electoral, qué recursos se ejercen efectivamente y cuáles son los resultados obtenidos. Sin esa desagregación, el costo promedio puede ser útil como referencia, pero insuficiente para emitir un juicio sobre eficiencia.
La auditoría al desempeño puede contribuir a este análisis al examinar no solo la regularidad del gasto, sino también la economía en la adquisición de bienes y servicios, la eficiencia de los procesos, la eficacia en el cumplimiento de objetivos y los efectos que las instituciones generan para la sociedad. La pregunta central debe desplazarse de cuánto se gastó a qué se logró con esos recursos, para quién y con qué calidad.
La fiscalización también debe preservar la independencia y la confianza pública. Evaluar el desempeño de las instituciones electorales no debilita la democracia; por el contrario, puede fortalecerla cuando se realiza con criterios técnicos, evidencia suficiente, transparencia y respeto a la autonomía institucional.
La democracia vale por sus resultados
El costo de la democracia no puede medirse únicamente por el presupuesto de las autoridades electorales ni por una división aritmética entre gasto y votos. Ese indicador ofrece una aproximación, pero el valor público de la democracia depende también de la integridad de los procesos, la confianza ciudadana, la calidad de la representación, la legalidad y la capacidad de las instituciones para responder a la sociedad.
De cara a 2027, el desafío es doble: promover una participación ciudadana amplia e informada y asegurar que cada peso destinado a garantizar los derechos político-electorales se ejerza con transparencia, eficiencia y resultados. Una mayor participación puede reducir el costo promedio por sufragio bajo un presupuesto constante; una mejor gestión institucional puede elevar el valor que la sociedad recibe por los recursos invertidos.
La pregunta no es solamente cuánto cuesta cada voto. La pregunta verdaderamente importante es cuánto valor público produce cada peso que invertimos en garantizarlo. La democracia no debe entenderse únicamente como un costo que debemos financiar, sino como una inversión institucional cuyo rendimiento debe reflejarse en confianza, legalidad, desarrollo y bienestar.
Conclusión: el verdadero rendimiento de la democracia
Medir el costo de cada voto es un ejercicio útil, pero insuficiente para determinar si estamos invirtiendo adecuadamente en nuestra democracia. El presupuesto electoral debe analizarse no solo por su magnitud, sino por los resultados que produce: elecciones confiables, instituciones sólidas, participación ciudadana, transparencia y legitimidad en la representación política.
Una mayor participación puede reducir el costo promedio por sufragio cuando el presupuesto permanece constante; sin embargo, el verdadero desafío consiste en fortalecer la confianza de la ciudadanía y asegurar que los recursos públicos se administren con economía, eficiencia, eficacia, transparencia y honradez.
La democracia también tiene una dimensión económica. Las instituciones confiables, el Estado de derecho y la rendición de cuentas contribuyen a generar condiciones de certidumbre para la inversión, la actividad productiva y el desarrollo. Por ello, la calidad de nuestra democracia no debe evaluarse únicamente por la capacidad de organizar elecciones, sino también por su contribución a una sociedad más justa, institucionalmente sólida y con mejores oportunidades.
Desde la perspectiva de la auditoría al desempeño, el reto es pasar de contabilizar cuánto cuesta la democracia a evaluar cuánto valor público genera. Porque el propósito último de los recursos destinados a garantizar los derechos político-electorales no es solamente hacer posible una elección, sino contribuir a que el voto tenga consecuencias en la calidad del gobierno y en el bienestar de la sociedad.
La democracia no es un gasto que debamos minimizar, sino una inversión pública que debemos justificar, evaluar y fortalecer. Su verdadero precio no se mide únicamente en pesos por voto, sino en la confianza, la libertad, la legalidad y los resultados que es capaz de ofrecer a la ciudadanía.
Referencias
- Auditoría Superior de la Federación. Eduardo Guerrero Gutiérrez, Fiscalización y Transparencia del Financiamiento a Partidos Políticos y Campañas Electorales: Dinero y Democracia, Serie Rendición de Cuentas núm. 6. https://www.asf.gob.mx/uploads/63_Serie_de_Rendicion_de_Cuentas/Rc6.pdf
- García, Carina. “El costo de cada voto en la elección federal fue mayor a los 206 pesos”. Expansión Política, 11 de junio de 2024. https://politica.expansion.mx/elecciones/2024/06/11/costo-de-cada-voto-en-la-eleccion-fue-mayor-a-los-206-pesos
- Instituto Nacional Electoral. Memoria del Proceso Electoral Federal 2014–2015, capítulo 16, participación ciudadana. https://portalanterior.ine.mx/archivos2/portal/DS/Eventos/Memoria_PEF_2014-2015/rsc/docs/PDF-memoria/TOMO_2/Capitulo_16.pdf
- Instituto Nacional Electoral. Informe sobre la participación ciudadana en el Proceso Electoral 2020–2021. https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/123114/ccoe-19se-20-08-2021-p14.1-informe.pdf
- Instituto Nacional Electoral. “Presenta Comisión Temporal cifras del anteproyecto de presupuesto 2027”, 29 de julio de 2026. https://centralelectoral.ine.mx/2026/07/29/presenta-comision-temporal-cifras-del-anteproyecto-de-presupuesto-2027/
- Instituto Nacional Electoral. “Presupuesto 2027”, 21 de agosto de 2026. https://centralelectoral.ine.mx/2026/08/21/presupuesto-2027/
- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 35, 36, fracción III, y 134. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf
- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Estudios y análisis sobre confianza en las instituciones públicas, integridad, Estado de derecho y entorno económico en México.
- Banco Mundial. Estudios sobre gobernanza, rendición de cuentas, inclusión y calidad institucional.


