La Asimetría Presupuestaria como Herramienta Electoral: El Gasto Social y la Elección de Estado
Evidencia del viraje fiscal tras el revés legislativo de 2021 y la consolidación de una estructura de movilización masiva en 2024.
Los datos oficiales de la Cuenta Pública de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público revelan una disparidad sin precedentes en la asignación del gasto público en México. Mientras los rubros estratégicos para el desarrollo de capacidades a largo plazo —como la educación, la salud y la seguridad— se mantienen estancados o con crecimientos marginales, el gasto destinado a la Protección Social ha experimentado una trayectoria exponencial, alcanzando su cúspide histórica precisamente en el año electoral de 2024. Esta asimetría presupuestaria constituye uno de los argumentos más sólidos para documentar lo que analistas y la oposición han calificado como una elección de Estado.
El Quiebre de 2021: De la Pérdida Legislativa al Volcado de Recursos
Para comprender la magnitud del fenómeno observado en 2024, es indispensable analizar la coyuntura intermedia del sexenio. En las elecciones federales de 2021, la coalición gobernante sufrió un revés estratégico al perder la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y ver mermada su presencia en distritos urbanos clave. Esta pérdida del control legislativo absoluto limitó la capacidad de realizar modificaciones constitucionales directas y encendió las alarmas políticas de cara a la sucesión presidencial. A partir de este punto de inflexión, la estrategia gubernamental experimentó un viraje nítido: la consolidación del poder político ya no buscaría sustentarse en la negociación parlamentaria o en reformas institucionales, sino en el volcado masivo y directo de recursos públicos hacia la base electoral. Los programas sociales pasaron de ser un mecanismo de mitigación de la pobreza a convertirse en el eje gravitacional de la permanencia en el poder, estructurando redes de beneficiarios fuertemente vinculadas a la figura del Ejecutivo Federal.Punto de inflexión histórico: Tras los comicios de 2021, la brecha entre el gasto en Protección Social y el resto de los derechos fundamentales (Salud y Educación) se ensanchó a una velocidad sin precedentes, desarticulando el principio de integralidad de las políticas públicas.
2024: La Cúspide de la Asimetría Presupuestaria
Los datos reflejados en los análisis presupuestarios recientes (como el publicado en Este País el 28/05/26) son contundentes. Entre 2018 y 2024, el gasto en Protección Social en millones de pesos a precios constantes se disparó de forma dramática, despegándose por completo de las curvas de educación y salud. Al cierre de 2024, el gasto en protección social rebasó la marca histórica del billón y medio de pesos, escalando hacia los 2.2 billones proyectados para 2025.
En franco contraste, el gasto en Educación —crucial para la movilidad social y la productividad— muestra una tendencia prácticamente plana e incluso con contracciones en periodos críticos. Lo mismo ocurre con Salud, que a pesar de la crisis sanitaria y de diseño institucional sufrida en el sexenio, no recibió un trato prioritario equiparable. La Seguridad, por su parte, se mantuvo en el subsuelo presupuestario, promediando apenas una fracción del gasto social a pesar de la crisis de violencia que aqueja al territorio nacional.La Institucionalización de la Conducta Ilegal
Este despliegue masivo de recursos financieros no operó en el vacío. Estuvo acompañado, de manera sistemática, por la participación recurrente del aparato del Estado y, de forma explícita, del propio Presidente de la República. A lo largo del proceso electoral de 2024, quedaron plenamente documentadas las intervenciones sistemáticas desde las conferencias matutinas, donde se emitieron pronunciamientos de índole electoral, descalificaciones a opositores y una constante propaganda gubernamental vinculada a los beneficios de los programas sociales. Estas conductas, que violaron los principios de neutralidad e imparcialidad consagrados en el artículo 134 constitucional, fueron objeto de múltiples resoluciones por parte de las autoridades electorales (INE y TEPJF). El condicionamiento implícito de la continuidad de los programas sociales, articulado a través de los servidores de la nación que operan en campo, configuró una coacción estructural del voto. La utilización del presupuesto público para construir una ventaja indebida y asimétrica determinó que la competencia electoral distara de cumplir con los estándares de equidad jurídica, consolidando el andamiaje de una auténtica elección de Estado.
Fuente consultada: Datos basados en la serie histórica de las Cuentas Públicas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), referenciados en el análisis gráfico de Este País del 28 de mayo de 2026.
Gráfica 1 generada con el apoyo de IA.
