LA CONFIANZA INSTITUCIONAL TAMBIÉN ES CAPITAL ECONÓMICO

La confianza: un activo que también determina el desarrollo

En la economía contemporánea, la competitividad de un país no depende exclusivamente de su infraestructura, su ubicación geográfica, sus recursos naturales o los acuerdos comerciales que haya suscrito. Existe otro factor, menos visible, pero determinante: la calidad de sus instituciones y la confianza que generan.

La seguridad jurídica, la independencia judicial, la imparcialidad de los tribunales y la capacidad de hacer cumplir los contratos son elementos fundamentales para las decisiones de inversión. Por ello, el debate sobre la reforma judicial mexicana no puede limitarse a una discusión constitucional o política. También debe analizarse desde sus implicaciones económicas, institucionales y sociales.

La decisión de la Unión Internacional de Magistrados (UIM), adoptada el 17 de octubre de 2026, de expulsar a la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB), constituye una señal internacional que merece atención. De acuerdo con los reportes públicos, la resolución fue aprobada por 53 votos a favor, 13 en contra y cuatro abstenciones, en relación con el respaldo que la CONATRIB expresó a la reforma judicial.

Es importante precisar su alcance: se trata de una decisión sobre la membresía de la CONATRIB en una organización profesional internacional. No es una sentencia que anule la reforma judicial ni una sanción contra el Estado mexicano; tampoco modifica por sí misma las facultades de los tribunales, la validez de sus resoluciones o los compromisos comerciales del país.

Cuando la incertidumbre llega a las decisiones de inversión

La discusión adquiere una dimensión económica más concreta al revisar la primera medición del Monitor Judicial de Data COPARMEX, publicada el 1 de octubre de 2026. El ejercicio contó con la participación de 3,721 empresas afiliadas a 71 centros empresariales.

• Empresas que reportaron impacto negativo en decisiones de inversión o expansión: 67.8%
• Empresas que actuaron con mayor cautela para invertir: 38.9%
• Empresas que redujeron o pospusieron proyectos concretos: 28.8%
• Empresas que modificaron o evalúan modificar su estrategia de protección jurídica: 80.8%
• Empresas que percibieron menor certeza sobre propiedad, contratos y acceso al amparo: 55.9%

Estos resultados reflejan las respuestas de empresas afiliadas a COPARMEX; no deben extrapolarse automáticamente a la totalidad de las empresas mexicanas. Tampoco demuestran, por sí solos, que la reforma judicial sea la única causa de las decisiones reportadas. Sí constituyen, no obstante, una señal relevante sobre la percepción empresarial y la manera en que algunas compañías están ajustando sus decisiones.

El mismo levantamiento señala que 46.3% ya modificó su estrategia de protección jurídica mediante ajustes contractuales, arbitraje, seguros o estrategias de litigio, mientras que 34.5% evalúa hacerlo. En conjunto, estas respuestas sugieren que la incertidumbre puede traducirse en costos adicionales de prevención y operación.

El nearshoring necesita algo más que proximidad geográfica

México cuenta con ventajas importantes para atraer inversiones derivadas de la reorganización internacional de las cadenas de suministro: cercanía con Estados Unidos, integración comercial mediante el T-MEC, capacidad manufacturera y posición logística. Sin embargo, estas ventajas no son suficientes.

En julio de 2024, Fitch Ratings advirtió que las reformas judiciales propuestas podrían afectar negativamente el apetito de inversión y el entorno empresarial si su implementación obstaculizaba la autonomía y la calidad del sistema judicial. La agencia también señaló posibles implicaciones para las oportunidades vinculadas con la relocalización de cadenas de suministro.

En agosto de 2024, Morgan Stanley redujo su recomendación sobre las acciones mexicanas a la categoría “underweight”, citando preocupaciones sobre los cambios propuestos al sistema judicial y electoral, así como la incertidumbre que podrían generar para la inversión y la capacidad de México para atraer operaciones de nearshoring.

Estas advertencias preceden a la expulsión de la CONATRIB. Por ello, sería incorrecto atribuir a esa decisión internacional la totalidad de los riesgos económicos señalados. Más bien, los acontecimientos recientes se incorporan a un entorno de preocupaciones institucionales que ya había sido expresado por distintos agentes económicos.

La auditoría al desempeño: evaluar los resultados, no solamente las decisiones

Desde la perspectiva de la auditoría al desempeño, este escenario plantea una pregunta fundamental: ¿cómo evaluar si las transformaciones institucionales están generando los resultados que justificaron su implementación?

No es suficiente revisar la legalidad formal de las decisiones públicas. También es necesario examinar sus efectos sobre la eficacia institucional, la calidad de los servicios de justicia, la protección de los derechos, la confianza ciudadana y el desarrollo económico.

Una evaluación integral debería considerar, entre otros, los siguientes indicadores:

• Independencia e imparcialidad judicial.
• Tiempos efectivos de resolución de controversias y evolución del rezago.
• Cumplimiento de las resoluciones judiciales.
• Protección de la propiedad y seguridad contractual.
• Acceso efectivo a la justicia y costos para las personas usuarias.
• Percepción de confianza de ciudadanos y empresas.
• Efectos sobre la inversión productiva y la generación de empleo.

Para que estos indicadores permitan conclusiones sólidas, es indispensable establecer líneas base, utilizar metodologías transparentes y comparar periodos equivalentes. También deben identificarse otros factores económicos que puedan influir en la inversión. La evaluación debe ser objetiva, técnicamente sustentada y ajena a cualquier interés partidista.

El costo de la desconfianza es un costo para toda la sociedad

La pérdida de confianza institucional no afecta exclusivamente a los grandes inversionistas. Sus consecuencias pueden extenderse a las pequeñas y medianas empresas, al empleo, al consumo, a la recaudación y, en última instancia, a la capacidad financiera del Estado.

Una menor inversión puede limitar el crecimiento; un menor crecimiento puede restringir la generación de ingresos públicos; y menores ingresos pueden reducir el margen disponible para atender necesidades sociales, infraestructura, educación y salud. Por ello, la calidad institucional también debe entenderse como un componente de la sostenibilidad de las finanzas públicas.

No se trata de defender un modelo judicial inamovible ni de negar la necesidad de transformar las instituciones. Se trata de reconocer que cualquier transformación debe preservar las garantías que hacen posible una justicia independiente, profesional, imparcial y eficaz.

La calidad institucional también se refleja en la salud, la educación y la seguridad

La confianza en las instituciones no se agota en la relación entre tribunales e inversionistas. Su impacto alcanza directamente la vida cotidiana y la capacidad del Estado para garantizar derechos. La independencia judicial, la legalidad y la rendición de cuentas son condiciones transversales para que las políticas públicas de salud, educación y seguridad produzcan resultados.

En salud, la certeza jurídica y la fortaleza institucional contribuyen a que los recursos destinados a hospitales, medicamentos, equipamiento y servicios lleguen efectivamente a la población. La evaluación del desempeño debe examinar no sólo cuánto se ejerce, sino si los servicios son oportunos, continuos y de calidad; si los medicamentos están disponibles; si la infraestructura funciona; y si disminuyen las brechas de acceso y los resultados evitables adversos.

En educación, la gobernanza y la transparencia son indispensables para que el presupuesto se traduzca en escuelas dignas, docentes con apoyo suficiente, materiales, permanencia escolar y aprendizajes. El análisis debe ir más allá de la matrícula o del gasto ejercido: importa saber qué aprenden las y los estudiantes, quiénes quedan rezagados y si las políticas reducen desigualdades territoriales y sociales.

En seguridad pública, el Estado de derecho tiene una relación directa con la eficacia institucional. La actuación profesional de las policías, la investigación de los delitos, la procuración de justicia, la protección de víctimas y el cumplimiento de las resoluciones son eslabones de una misma cadena. No basta medir detenciones o recursos asignados; es necesario evaluar la reducción de la violencia, la capacidad de esclarecer delitos, la protección de derechos y la confianza ciudadana.

En los tres ámbitos, la pregunta central de la auditoría al desempeño es la misma: ¿los recursos públicos, las instituciones y las decisiones están generando los bienes y servicios que la población necesita, con eficacia, eficiencia, calidad, equidad y respeto a los derechos? La respuesta exige indicadores verificables, información comparable, evaluación independiente y seguimiento de las recomendaciones.

Así, la calidad institucional deja de ser una noción abstracta. Se expresa en una consulta médica oportuna, en aprendizajes efectivos, en comunidades más seguras y en la certeza de que los derechos pueden hacerse valer. Ése es el vínculo entre Estado de derecho y valor público.

Conclusión: la confianza también debe ser un resultado evaluable

La experiencia internacional y las señales del sector empresarial recuerdan que la confianza no se decreta ni se construye mediante discursos. Se acredita mediante instituciones que funcionan, decisiones imparciales, resultados verificables y respeto al Estado de derecho.

México tiene una oportunidad extraordinaria para aprovechar su posición estratégica en la economía internacional. Pero esa oportunidad requiere algo más que ventajas comerciales y geográficas: necesita instituciones confiables.

La independencia judicial no es solamente una garantía para quienes acuden a los tribunales. Es también una condición para proteger los derechos, fortalecer la gobernanza, generar certidumbre y promover el desarrollo económico.

Desde la auditoría al desempeño debemos insistir en una premisa: las instituciones públicas no deben evaluarse únicamente por lo que hacen o por las reformas que aprueban, sino por los resultados que producen y el valor público que generan.

Porque la confianza institucional también es capital económico, y su deterioro termina pagándolo toda la sociedad.

Referencias

1. Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX). (1 de octubre de 2026). “La incertidumbre por la reforma judicial frena la inversión y eleva los costos empresariales, de acuerdo con un análisis de Data COPARMEX”. https://coparmex.org.mx/la-incertidumbre-por-la-reforma-judicial-frena-la-inversion-y-eleva-los-costos-empresariales-de-acuerdo-con-un-analisis-de-data-coparmex/
2. Maza, A. (19 de octubre de 2026). “Unión Internacional de Magistrados expulsa a la CONATRIB por respaldar la reforma judicial”. Grupo Animal. https://grupoanimal.mx/politica/expulsion-conatrib-union-internacional-magistrados-reforma-judicial
3. El País. (20 de octubre de 2026). “La Unión Internacional de Magistrados expulsa a la delegación de México por apoyar la reforma judicial”. https://elpais.com/mexico/2026-10-20/la-union-internacional-de-magistrados-expulsa-a-la-delegacion-de-mexico-por-apoyar-la-reforma-judicial.html
4. Fitch Ratings. (24 de julio de 2024). Advertencia sobre los posibles efectos de la reforma judicial propuesta en el clima de inversión y el entorno empresarial. Cobertura de La Jornada: https://www.jornada.com.mx/noticia/2024/07/24/economia/reforma-judicial-podria-201cafectar-negativamente201d-inversiones-reconoce-fitch-1246
5. Reuters. (21 de agosto de 2024). “Morgan Stanley cuts Mexico stocks to ‘underweight’, trims China targets”. https://www.reuters.com/markets/morgan-stanley-cuts-mexico-stocks-underweight-trims-china-targets-2024-08-21/
6. Carranza, L. A. (27 de octubre–3 de noviembre de 2026). “El costo económico de la percepción de riesgo: la expulsión de la CONATRIB y el nearshoring”. Misión Política, edición 1347, pp. 42–45. Reproducción consultada en las imágenes compartidas por el usuario.
7. Lozano Dubernard, J. (2026). “La fiscalización del futuro: del cumplimiento formal a la generación de valor público”. Blog institucional de la Academia Mexicana de Auditoría al Desempeño, A.C. (AMDAD).