MÉXICO, SEDE DEL MUNDIAL FIFA 2026: DEL GASTO AL DESEMPEÑO PARA CONSTRUIR UN LEGADO PÚBLICO

Cada cuatro años el mundo se detiene para presenciar uno de los espectáculos deportivos más importantes: el mundial; sin embargo, para los gobiernos que albergan y fungen como patrocinadores de una Copa del Mundo, el desafío comienza antes de que incien los partidos de fútbol y termina varios años después de que se entrega el trofeo.

México es sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026, junto con Estados Unidos y Canadá, si bien la atención suele centrarse en los estadios, las selecciones nacionales, los jugadores y el turismo, existe un aspecto que pocas veces se analiza: ¿cómo garantizar que los miles de millones de pesos invertidos realmente generen beneficios permanentes para los mexicanos?

Esta pregunta representa una oportunidad para las entidades de fiscalización superior.

El Mundial no debería ser visto únicamente como un evento deportivo, sino como uno de los proyectos públicos más complejos de la última década, y por ende, susceptible a ser evaluado mediante auditorías financieras y de desempeño.

Tradicionalmente, las auditorías han concentrado sus esfuerzos en verificar la legalidad del gasto y el cumplimiento de la normativa aplicable; no obstante, cuando se trata de un evento de esa magnitud, esa revisión resulta insuficiente, ya que la ciudadanía no sólo espera que los recursos se ejerzan correctamente, espera que se produzcan resultados tangibles y un legado que permanezca después de la clausura del torneo.

La pregunta ya no debe ser cuánto se gastó, sino qué valor público se generó.

Considerando que las inversiones relacionadas con el Mundial abarcan, entre otros aspectos, infraestructura vial, movilidad, transporte, seguridad, agua potable, telecomunicaciones, turismo, imagen urbana y fortalecimiento institucional, cada peso invertido debería responder a una lógica de DESEMPEÑO: resolver problemas existentes y mejorar la calidad de vida de la población, independientemente de que exista un evento deportivo; por ello, las auditorías de desempeño deberán evolucionar a evaluaciones integrales capaces de verificar, por lo menos, que las obras resolvieron problemas históricos de movilidad (y verificar si únicamente se atendieron necesidades temporales por el torneo); que las inversiones hayan incrementado la competitividad económica como ciudad sede del mundial; que los programas de seguridad fortalecieran las capacidades institucionales (o si sólo representaron un gasto extraordinario temporal); que la infraestructura continuará generando beneficios para la población años despues del torneo, y que las inversiones favorecieran el desarrollo regional y la atracción de nuevas inversiones a las sedes del mundial.

Responder estas preguntas exige abandonar la visión tradicional basada exclusivamente en indicadores y adoptar metodologías orientadas al valor público y procesos de desempeño; en ese sentido, en México se tiene la oportunidad de posicionarse como referente internacional en auditoría de desempeño al incorporar esas metodologías durante la planeación del Mundial y no únicamente cuando las obras hayan concluido.

En este contexto, los recursos federales que financien proyectos asociados al evento —incluyendo ramos 28 y 33— deberán acompañarse de indicadores que permitan medir resultados y no únicamente avances físicos o financieros; por lo que, el verdadero legado del Mundial no debería medirse por el número de partidos, sino por la capacidad de las ciudades para aprovechar las inversiones como detonantes permanentes del desarrollo económico y social.

Asimismo, el Mundial representa una oportunidad para incorporar herramientas innovadoras en la fiscalización, como el uso de inteligencia artificial, análisis masivo de datos, monitoreo satelital de obras, tableros de control en tiempo real e indicadores predictivos para prevenir irregularidades y falta de valor público; además, se podrían evaluar dimensiones poco exploradas: como la satisfacción ciudadana, accesibilidad universal, reducción de emisiones, movilidad urbana, fortalecimiento institucional y desarrollo económico regional.

Este enfoque coincide con las tendencias promovidas por la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), que impulsan auditorías orientadas a generar valor público y no sólo a verificar el cumplimiento normativo, aun en materia de desempeño.

Cabe precisar que los habitantes de las ciudades sede somos quienes experimentaremos los efectos de las inversiones; por ello, la percepción de la población sobre la movilidad, seguridad, servicios y calidad urbana deben convertirse en insumos relevantes para evaluar el éxito de las políticas implementadas.

México cuenta con la experiencia técnica, el marco normativo y las instituciones para convertir el Mundial 2026 en un referente internacional de buena gobernanza, lo cual dependerá de que la fiscalización evolucione hacia un modelo que mida resultados, impactos y beneficios sociales vinculados con la transformación  de vida de millones de personas.

Dentro de algunos años pocos recordarán cuánto costó ampliar una avenida o remodelar una terminal aérea, lo que permanecerá será la calidad de los servicios, la movilidad de las ciudades, la competitividad regional y la confianza ciudadana en sus instituciones.

Ese será el verdadero legado del Mundial en México y el mundo.