¿Y si sí? ¿Y si antes de cobrar más gastan mejor?: La respuesta técnica desde la Evaluación al Desempeño, la Cero Impunidad y la Integridad Pública
La legítima inquietud planteada por el sector empresarial —resumida en la interrogante de si las autoridades no deberían optimizar el ejercicio del gasto público antes de incrementar las cargas fiscales a quienes ya cumplen— coloca en el centro del debate contable y administrativo un tema medular: la calidad, la eficiencia y el valor público del presupuesto de egresos. Desde la perspectiva actuarial y de fiscalización superior, la discusión no debe limitarse únicamente a la magnitud de los ingresos recaudados, sino a la efectividad con la que esos recursos se transforman en bienes y servicios de alto impacto para la sociedad. No se trata solo de agotar los recursos asignados dentro del calendario fiscal, sino de garantizar la máxima rentabilidad social de cada peso invertido.
1. Del «Gasto Financiero» a la Gestión Basada en Resultados
Históricamente, el control presupuestal en los tres órdenes de gobierno ha mantenido un enfoque predominantemente financiero y normativo: comprobar que el gasto se ejerza conforme a la suficiencia presupuestal y con los soportes comprobatorios adecuados. Sin embargo, agotar el 100% de una partida no garantiza de ninguna manera la resolución de los problemas públicos. Para responder con solidez técnica a la exigencia de "gastar mejor", el Estado mexicano cuenta con el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) y la metodología de la Auditoría al Desempeño. Ambos instrumentos articulan el ejercicio de los recursos bajo los pilares fundamentales de la gestión pública moderna:
· Eficacia: Medición del grado de cumplimiento de los objetivos y metas institucionales de los programas sociales y de infraestructura.
· Eficiencia: Optimización de la relación entre los recursos económicos e insumos empleados y los bienes o servicios finales entregados a la ciudadanía.
· Economía: Adquisición de insumos al menor costo posible, asegurando los estándares de calidad indispensables para la operación. •
2. Las Auditorías como Generadoras de Aspectos de Mejora Continua
A diferencia de los enfoques punitivos tradicionales, la auditoría al desempeño concibe al proceso de fiscalización no como un fin en sí mismo, sino como un catalizador de valor agregado. El valor supremo de la auditoría radica en la formulación de Aspectos de Mejora (AM) y recomendaciones de alto nivel estratégico.
Dichos aspectos de mejora permiten a las dependencias y entidades públicas:
Rediseñar procesos operativos: Identificar y erradicar duplicidades institucionales, cuellos de botella burocráticos y trámites redundantes.
Reorientar la asignación presupuestal: Dirigir fondos desde actividades de escaso impacto hacia programas de alta rentabilidad social.
Fortalecer las capacidades institucionales: Perfeccionar el diseño técnico de las políticas públicas antes de considerar la creación de nueva burocracia o el aumento de partidas de gasto corriente.
3. El Ámbito de la Integridad Pública, la Cero Impunidad y el Combate a la Corrupción
Los aspectos de mejora derivados de la evaluación y la auditoría cobran verdadero sentido cuando se enmarcan en un ecosistema de integridad pública. La integridad institucional implica el alineamiento constante de las decisiones administrativas con los valores éticos, la honestidad, el interés público y la rendición de cuentas. Asimismo, es indispensable incorporar mecanismos institucionales cuya misión explícita sea lograr la cero impunidad y la consecuente erradicación de la corrupción. Los ciudadanos llevan años intentando erradicar este cáncer social, el cual se ha convertido en el peor de los impuestos —superando incluso a la ineficiencia e ineficacia gubernamental— por su marcada opacidad y el sentido de engaño directo a las aspiraciones de bienestar de las familias mexicanas. La integridad y la sanción efectiva transforman la fiscalización en un ciclo virtuoso donde el presupuesto se optimiza de manera sostenida.
4. Conclusión: La Ciudadanía como Curadora de la Transparencia y Beneficiaria del Bienestar
Exigir la ampliación de la base gravable, la simplificación administrativa y el combate decidido a la informalidad son demandas empresariales y sociales plenamente justificadas. Más aún, la vía más sólida y legítima para justificar la recaudación tributaria es demostrar con evidencia objetiva que el dinero de los contribuyentes se administra con rigurosa calidad técnica, solvencia ética y cero tolerancia a la corrupción. Es fundamental señalar que los ciudadanos, en su calidad de contratantes de los servicios públicos, deben participar activamente como curadores de la transparencia y la rendición de cuentas. Al mismo tiempo, deben constituirse como los beneficiarios directos del incremento sostenido en el estado de bienestar, viéndose este reflejado en una educación de mayor calidad, un entorno de mayor seguridad, servicios de salud oportunos e infraestructura adecuada para detonar el crecimiento económico. Academia Mexicana de Auditoría al Desempeño, A.C. 2 / 3Evaluar y auditar el desempeño, implementando sistemáticamente las recomendaciones de mejora dentro de un marco de integridad, combate a la impunidad y participación ciudadana, es la herramienta técnica por excelencia para asegurar que la administración pública gaste mejor antes de pretender cobrar más.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y NORMATIVAS
• CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN. (2006). Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Diario Oficial de la Federación. • HERNÁNDEZ ROJAS, B. (2024). «La voz de la IP / ¿Y si antes de cobrar más gastan mejor? Quién paga la ineficiencia del gobierno». Diario de Querétaro. • INTOSAI. (2019). GUID 3910: Central Concepts of Performance Auditing. International Organization of Supreme Audit Institutions. • OCDE. (2017). Recomendación del Consejo de la OCDE sobre Integridad Pública. OECD Publishing, París. • SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (SHCP). (2022). Guía para la Integración de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) y el Diagnóstico del PBR-SED. Gobierno de México.
