La era ciudadana de la transparencia

La historia de la transparencia en México suele narrarse a partir de sus instituciones, como si el derecho de acceso a la información hubiera comenzado con la creación del IFAI, alcanzado su madurez con el INAI y entrado ahora en una nueva etapa con Transparencia para el Pueblo; sin embargo, una lectura más amplia obliga a reconocer que esas instituciones no fueron el origen del proceso, sino la consecuencia de una presión social que, desde distintos espacios académicos, periodísticos y ciudadanos, comenzó a cuestionar una vieja tradición administrativa sustentada en la reserva, la discrecionalidad y la idea de que los documentos públicos pertenecían a quienes gobernaban y no a quienes financiaban, mediante sus contribuciones, el funcionamiento del Estado. Antes de que existieran organismos garantes, plataformas electrónicas y procedimientos de revisión, ya había ciudadanos preguntando, periodistas investigando y organizaciones exigiendo que el poder explicara sus decisiones, de manera que la transparencia debe entenderse, en su origen, como una conquista social antes que como una creación burocrática.

El Grupo Oaxaca constituye quizá la expresión más representativa de aquel impulso, no solamente porque logró colocar el derecho a saber en la discusión pública nacional y participó activamente en la construcción de una agenda legislativa en materia de acceso a la información, sino porque demostró que una ciudadanía organizada podía modificar la relación histórica entre gobierno y sociedad, obligando al Estado a reconocer que la información generada con recursos públicos debía ser accesible y susceptible de escrutinio. Aquella experiencia, integrada por periodistas, académicos y representantes de la sociedad civil, permitió convertir una preocupación especializada en una demanda democrática de alcance nacional y dejó una enseñanza que con el paso del tiempo parece haberse debilitado, pues las instituciones de transparencia fueron creadas porque existió primero una sociedad dispuesta a exigirlas, aunque posteriormente pareciera ocurrir lo contrario, como si la existencia de esas mismas instituciones hubiera vuelto innecesaria la participación ciudadana que las hizo posibles.

Con la creación del IFAI y, posteriormente, con la consolidación del INAI como órgano constitucional autónomo, México construyó una arquitectura institucional que permitió ampliar considerablemente el ejercicio del derecho de acceso a la información, mediante procedimientos, recursos de revisión, obligaciones de transparencia, sistemas electrónicos y criterios que hicieron posible acceder a documentos que durante décadas habían permanecido bajo el control casi exclusivo de las autoridades; no obstante, esa institucionalización produjo también una consecuencia que pocas veces se discute, pues mientras se fortalecían los mecanismos formales de transparencia, una parte importante de la sociedad comenzó a delegar en ellos una responsabilidad que originalmente había sido ciudadana. Nos acostumbramos a pensar que, mientras existiera un organismo garante, alguien estaría vigilando al poder; que mientras hubiera una plataforma para presentar solicitudes, la transparencia se encontraba asegurada; que mientras las dependencias llenaran formatos y publicaran información, el problema de la opacidad estaba siendo atendido, hasta que paulatinamente nos instalamos en una especie de sillón de la conformidad institucional desde el cual observamos cómo una tarea que había nacido de la participación social se convertía, cada vez más, en un asunto de oficinas especializadas.

La desaparición del INAI y la reorganización reciente del sistema mexicano de transparencia deberían servir, por ello, no solamente para discutir las ventajas o riesgos del nuevo diseño institucional, la capacidad de Transparencia para el Pueblo, la distribución de competencias o las condiciones de independencia de las nuevas autoridades, sino también para preguntarnos qué ocurrió con aquella ciudadanía que durante años impulsó la apertura gubernamental y que, una vez construidos los organismos garantes, pareció reducir progresivamente su presencia en el debate público. Las instituciones son necesarias, pero ninguna estructura administrativa puede sustituir a una sociedad que pregunta, contrasta y cuestiona, porque puede desaparecer un instituto, modificarse una ley o crearse un organismo diferente, mientras permanece intacta una cuestión esencial para cualquier régimen democrático, consistente en que los recursos públicos pertenecen a la sociedad y, por lo tanto, quienes los administran tienen la obligación permanente de explicar cómo, cuándo, dónde, para qué y en beneficio de quién fueron utilizados.

Es en ese contexto donde considero necesario hablar de una *era ciudadana de la transparencia*, entendida no como la negación de los avances institucionales alcanzados durante las últimas décadas, sino como la recuperación del protagonismo que originalmente correspondió a la sociedad, pues organizaciones civiles, universidades, investigadores, estudiantes, periodistas y ciudadanos comunes deberían volver a utilizar de manera sistemática las herramientas de acceso a la información para examinar presupuestos, contratos, nóminas, obras públicas, adquisiciones, programas sociales y decisiones administrativas. El periodismo ha demostrado con particular claridad el potencial de esta práctica, ya que muchas investigaciones que han expuesto irregularidades, redes de proveedores, conflictos de interés, gastos inexplicables o decisiones gubernamentales cuestionables comenzaron con una solicitud de información aparentemente sencilla, seguida de la revisión paciente de contratos, facturas, expedientes y bases de datos que permitieron introducir un halo de luz en espacios donde durante años había predominado la oscuridad administrativa; por ello, la información pública solamente adquiere verdadero sentido democrático cuando alguien decide utilizarla para comprender, explicar y, cuando sea necesario, cuestionar el ejercicio del poder.

La nueva etapa de la transparencia mexicana no debería depender exclusivamente del nombre de la institución responsable de administrarla, porque la vigilancia pública requiere una ciudadanía que abandone la comodidad, recupere la capacidad de preguntar y comprenda que solicitar información no constituye una molestia para la administración, sino una forma elemental de participación democrática. Necesitamos volver a construir pequeños nodos ciudadanos semejantes, en espíritu, a aquello que representó el Grupo Oaxaca, aunque ahora distribuidos en municipios, universidades, hospitales, congresos, organismos descentralizados y comunidades, donde cada periodista, académico, estudiante, organización o ciudadano pueda convertirse en un auténtico paladín de la transparencia, no en el sentido grandilocuente de quien pretende sustituir a las instituciones, sino en el sentido cívico de quien se niega a aceptar la opacidad como una condición normal del ejercicio del poder. Tal vez esa sea la transición que hoy necesita México, pasar de una transparencia pensada fundamentalmente desde las instituciones hacia una transparencia sostenida nuevamente por la sociedad, porque al final los organismos pueden transformarse o desaparecer, pero la pregunta ciudadana, cuando es persistente, documentada y libre, sigue siendo una de las formas más eficaces de limitar la oscuridad del poder.