PEMEX: AÑOS DE DENUNCIAS, AÑOS DE SILENCIO

Pasan los años, se acumulan las denuncias y se multiplican los escándalos por presuntos actos de corrupción en dependencias de los tres órdenes de gobierno, mientras las autoridades encargadas de fiscalizar parecen, demasiadas veces, voltear hacia otro lado. Fiscalizar implica dar seguimiento, exigir respuestas, investigar responsabilidades y evitar que aquello que ya fue advertido vuelva a repetirse. Cuando eso no ocurre, la omisión se convierte en una forma de tolerancia institucional.

Esta vez queremos hablar de un caso particularmente grave porque involucra a la empresa que durante décadas se nos ha presentado como “orgullo y fortaleza de México”: Petróleos Mexicanos. La historia comenzó en el 2019, cuando se presentaron denuncias internas por derrames de hidrocarburos al interior y exterior de la refinería de Salina Cruz. En 2020 se acudió ante la Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos y, en 2022, ante la Fiscalía General de la República y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente. En 2025 también se presentó una denuncia ante el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción por contratos irregulares adjudicados en la refinería en perjuicio del Estado mexicano. Es decir, durante años existieron advertencias, denuncias y elementos que justificaban, por lo menos, una vigilancia mucho más estricta sobre lo que estaba ocurriendo en Salina Cruz.

Lo más preocupante es que la propia Auditoría Superior de la Federación, de David Colmenares, ya había encontrado problemas graves. En 2017 ocurrió una explosión en la casa de bombas de la refinería. La magnitud del incidente obligó a desalojar alrededor de 8 mil personas de cinco colonias cercanas y nueve trabajadores resultaron heridos. Pemex explicó entonces que una inundación provocada por la tormenta Calvin ocasionó un desborde de residuos de aceite que alcanzó su punto de ignición y produjo el incendio. Pero detrás de aquel episodio ya existían cuestionamientos sobre el mantenimiento de las instalaciones, la reducción de recursos y la capacidad de la empresa para enfrentar riesgos que podían tener consecuencias humanas, ambientales y económicas.

En 2018, la ASF publicó su informe sobre la gestión financiera y operativa de la Refinería de Salina Cruz correspondiente a la Cuenta Pública 2017 y los números debieron encender todas las alarmas. Por la tormenta Calvin, la refinería dejó de operar durante 48 días y dejó de procesar 12.5 millones de barriles de crudo, equivalentes a 13.6 millones de barriles de petrolíferos, con un impacto económico calculado en 1,730,112.0 miles de pesos. Por el sismo, permaneció otros 60 días sin operar y dejó de procesar 15.3 millones de barriles de crudo, equivalentes a 16.1 millones de barriles de petrolíferos, con un impacto económico de 2,166,978.1 miles de pesos. Pero el problema no podía explicarse únicamente por dos fenómenos naturales. La auditoría comenzó a revelar fallas estructurales que iban más allá de los daños provocados por una tormenta o un terremoto.

La ASF documentó un incumplimiento promedio anual de 69.8% en el proceso de crudo sin que se justificaran adecuadamente las acciones implementadas para evitarlo. La refinería tenía una meta de utilización de las plantas de 70%, pero sólo alcanzó 39.6%, sin que se especificaran suficientemente las causas ni las medidas adoptadas para corregir la situación. También encontró que, de 11 reparaciones mayores canceladas, no se acreditó la evaluación de riesgos por diferimiento ni su reprogramación; además, en otros casos existían recomendaciones derivadas de evaluaciones de riesgo cuya atención tampoco había sido acreditada

A ello se sumaron otras deficiencias igualmente preocupantes. El programa de rehabilitación derivado de la inundación y el incendio no estaba adecuadamente vinculado con los reportes de inspección utilizados para determinar daños y acciones; tampoco se documentaban con claridad los avances ni las fechas convenidas. Respecto del sismo, Pemex Transformación Industrial ni siquiera contaba con un programa de rehabilitación que permitiera evaluar el avance y la oportunidad de las acciones. A noviembre de 2018, el segundo tren de refinación continuaba fuera de operación, aunque originalmente estaba programado para entrar nuevamente en funcionamiento desde el 24 de noviembre de 2017, sin que la Gerencia de la Refinería hubiera explicado las causas. Todo ello dibujaba un patrón que difícilmente podía tratarse como un conjunto de incidentes aislados.

Los contratos tampoco escaparon de las observaciones. De los 10 formalizados en 2017 para atender el siniestro de inundación e incendio, en cinco no se acreditó la implementación de controles para supervisar y recibir los servicios contratados. La propia ASF tuvo que recomendar a Pemex fortalecer sus mecanismos de supervisión, justificar y documentar las contrataciones, acreditar la recepción y utilización de bienes y servicios y garantizar que las erogaciones realizadas estuvieran debidamente sustentadas. Cuando una institución fiscalizadora llega a ese nivel de detalle, resulta imposible decir que no existían señales suficientes para mantener una vigilancia permanente sobre la refinería y sobre la manera en que se estaban ejerciendo los recursos.

Un año después, los problemas seguían apareciendo. En su auditoría de desempeño correspondiente a 2018, la ASF llamó a fortalecer la actuación del Consejo de Administración de Pemex Transformación Industrial y recomendó implementar efectivamente mecanismos de integridad y prevención de la corrupción: códigos de ética y conducta, políticas anticorrupción, procedimientos de debida diligencia, programas de compliance, gestión de riesgos y canales de denuncia. Ese mismo año, otra auditoría detectó que en la Refinería de Salina Cruz hubo un subregistro de 12 paros que no habían sido reportados y que tampoco se justificaron ni documentaron adecuadamente las revisiones y evaluaciones de riesgo para cancelar o diferir 15 reparaciones mayores. La información estaba ahí. Las señales estaban ahí. Las advertencias también. No hicieron nada.

Y, sin embargo, de acuerdo con la revisión contenida en el estudio del Sistema Nacional Anticorrupción, en los años siguientes la ASF no emitió informes de auditoría directamente relacionados con la Refinería de Salina Cruz. Ese dato es fundamental porque permite plantearnos ¿qué sentido tiene detectar riesgos si después no existe continuidad suficiente para saber qué ocurrió con ellos? La fiscalización no puede convertirse en una fotografía tomada cada ciertos años. Tiene que ser un proceso capaz de seguir las irregularidades hasta determinar si fueron corregidas, si permanecieron o si incluso se agravaron.

Mientras tanto, las denuncias siguieron avanzando por otras vías. En 2025 se presentó ante el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción una denuncia relacionada con contratos presuntamente irregulares adjudicados en la refinería. Posteriormente, el 22 de junio de 2026, se presentó una petición ante la Comisión para la Cooperación Ambiental del T-MEC por presuntas omisiones de México en la aplicación efectiva de su legislación ambiental frente a la contaminación por hidrocarburos en Salina Cruz. La petición fue admitida, lo que abrió un nuevo frente para exigir explicaciones al Estado Mexicano; que hasta ahora no se habían dado.

Después de la intervención del Sistema Nacional Anticorrupción y de que el caso llegara a una instancia del T-MEC, el 18 de septiembre, de acuerdo con la documentación que sustenta este caso, la Auditoría Superior de la Federación dio trámite de procedencia a una denuncia identificada con el folio HEAMLLHFLANI, relacionada con contratos presuntamente irregulares adjudicados en Petróleos Mexicanos, específicamente en la Refinería de Salina Cruz, en perjuicio del Estado mexicano.

¿por qué tuvo que pasar todo esto para que la ASF reaccionara? ¿Por qué tuvieron que transcurrir años de denuncias, advertencias y actuaciones de otras instituciones antes de que la autoridad fiscalizadora volviera a poner atención en un caso sobre el que ella misma ya había documentado problemas desde años atrás?

La ASF ya había identificado problemas de operación, mantenimiento, supervisión contractual, reparaciones diferidas, subregistro de paros y debilidades en los mecanismos de integridad. Si una institución tiene información, facultades y capacidad técnica, su responsabilidad no termina al publicar un informe. La verdadera fiscalización comienza cuando toca verificar si las observaciones fueron atendidas, si existieron responsabilidades y si los riesgos que fueron detectados dejaron de existir.

En México tenemos muchas instituciones capaces de producir documentos impecables y pocas dispuestas a llevar sus hallazgos hasta las últimas consecuencias. Por eso, la exigencia a la Auditoría Superior de la Federación y a las autoridades anticorrupción del presente es, sencillamente, que se cumpla con la función para la que fue creada, que investigue, que dé seguimiento y que explique qué ocurrió. Eso no solo contribuiría a mejorar su desempeño institucional, sino también a recuperar la confianza ciudadana en sus instituciones.