Así como bajos niveles de sanción en materia de responsabilidades administrativas identificadas por los órganos de fiscalización superior: De acuerdo con Transparencia Mexicana, utilizando información proporcionada por las propias agencias fiscalizadoras, de las 3 mil 350 posibles responsabilidades administrativas iniciadas por los 33 órganos de fiscalización superior entre 2017 y 2024, solo 281 casos (8.4%) terminaron en sanción por parte de tribunales administrativos.

Mientras que el creciente número de casos de corrupción a nivel estatal involucra al crimen organizado, pues en el periodo de medición del IPC 2024 la prensa nacional e internacional reportó un número significativo de posibles casos de corrupción a nivel federal, estatal y municipal, que evidencian posibles nexos entre gobiernos y crimen organizado.

Por último, afirmó que las empresas identificadas como “fantasma” o controladas por el crimen organizado siguen siendo contratadas por los gobiernos. Y agregó que hay crecientes reportes de organismos de control y fiscalización de contratación a empresas “fantasma”, “factureras” o empresas vinculadas/controladas por el crimen organizado en los tres niveles de gobierno. “Los resultados del IPC 2024 confirman el mandato de la sociedad mexicana: el gobierno debe enfrentar con mayor eficacia la corrupción en México. De acuerdo con el INEGI, en 2023, 83% de las personas consideraron que la corrupción en México sigue siendo un problema “frecuente o muy frecuente”. El Inegi informó también que 6 de cada 10 mexicanas y mexicanos fueron víctimas de corrupción o extorsión policial en 2023”, señaló el informe.

Advirtió que los resultados para México del IPC 2024 contemplan información de 13 fuentes independientes para los años 2023 y 2024. Al integrar distintas mediciones y dos años en una sola estimación, se evita que un solo evento o escándalo de corrupción altere la calificación de un país. Lo que mide el Índice de Percepción de la Corrupción es la tendencia y no casos específicos.

En Latinoamérica, México está mejor evaluado que Guatemala (25/100), Paraguay (24/100), Honduras (22/100), Haití (16/100), Nicaragua (14/100) y Venezuela (10/100) y se ubica por debajo de Brasil (34/100) y Chile (63/100), sus principales competidores económicos en la región.