En los penales del Estado de México y de la capital del país no hay espacio para la legalidad. Lo que existe, en cambio, es una estructura corrupta y sofisticada, montada desde las entrañas del sistema penitenciario y operada con absoluta impunidad. Así lo documenta el periodista Héctor de Mauleón en su columna “En tercera persona”, publicada este martes, bajo el título: Una maquinaria de corrupción ahoga penales del Edomex y la CDMX.Las denuncias provienen directamente de custodios y comandantes que aún laboran en los 22 centros penitenciarios del Estado de México, desde los complejos más grandes —Barrientos, Ecatepec, Texcoco, Neza y Chalco— hasta los más pequeños, como Lerma, El Oro o Valle de Bravo. Todos coinciden: “los penales están a punto de explotar”.

En cada prisión, denuncian, existe un sistema en el que absolutamente todo tiene precio: desde las visitas íntimas hasta el acceso a medicamentos o el uso de teléfonos celulares. Los internos son obligados a pagar por comida, lavado de ropa, espacios de convivencia e incluso por el derecho a no ser golpeados o enviados a celdas con sobrepoblación. Los pagos diarios ascienden a decenas de miles de pesos por módulo, con cuotas que benefician a los internos con poder, a los custodios, a los comandantes e incluso a funcionarios en Toluca. Los celulares, rentados por mil 500 pesos semanales, se usan para realizar extorsiones telefónicas. Al ingresar al penal, los nuevos internos ya han sido identificados por su perfil económico: “Tiene cremerías, negocios, propiedades”, se comenta entre pasillos. La información, presuntamente filtrada por los propios funcionarios, sirve para chantajear de inmediato a las familias con amenazas de violencia sexual o agresiones físicas.