La red de “huachicol fiscal” desde la Marina — sobornos, complicidades y muertes | el país

Entre abril de 2024 y marzo de 2025 salió a la luz una amplia trama de contrabando de combustibles, conocida en México como “huachicol fiscal”, en la que se vieron implicados altos mandos de la Armada, funcionarios de aduanas, empresarios y una extensa red de apoyo logístico. El esquema operaba principalmente en las aduanas marítimas de Altamira y Tampico, donde al menos 31 buques descargaron combustible ilegal bajo mecanismos fraudulentos diseñados para evadir impuestos. Una de las estrategias más utilizadas consistía en registrar los hidrocarburos como “aditivos para aceites o lubricantes”, lo que permitía pagar menos impuestos y pasar desapercibidos en los registros oficiales. Para reforzar la simulación, se recurría a laboratorios aduanales que certificaban cargas falsas, se omitían inspecciones y se manipulaban procedimientos con la complicidad de servidores públicos. Entre los señalados destacan los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, acusados de haber operado con influencia militar en el control de aduanas clave. A esta red también se vinculan empresarios ligados a la empresa Mefra Fletes, que habrían participado en el transporte y asignación de rutas para la distribución de los combustibles irregulares. Sin embargo, lo más alarmante del caso no se limita al fraude fiscal, sino a las muertes que rodean la investigación. Uno de los episodios más comentados fue la muerte del capitán de navío Abraham Jeremías Pérez Ramírez, jefe de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira, quien fue señalado por testigos protegidos de recibir un soborno de cien mil pesos a cambio de permitir la descarga de un buque con combustible ilegal. Su fallecimiento, reportado el 8 de septiembre de 2025, generó sospechas inmediatas sobre posibles represalias o intentos de silenciar a quienes podían declarar en contra de la red. Otro marino, Adrián Omar del Ángel Zúñiga, quien había estado adscrito a la aduana de Manzanillo, también perdió la vida en circunstancias sospechosas durante lo que oficialmente se reportó como un accidente en una práctica de tiro real en Sonora. La coincidencia de estas muertes levantó sospechas de que podrían ser parte de un patrón para callar voces incómodas. Expertos en seguridad han advertido que este caso no es un hecho aislado, sino un reflejo de corrupción estructural en las instituciones, con posibles vínculos que alcanzan a altos mandos tanto en la esfera militar como en la civil. El escándalo ha puesto en entredicho la estrategia de militarizar las aduanas, una política que se impulsó bajo el argumento de que los cuerpos castrenses eran menos susceptibles a la corrupción. La realidad actual demuestra que, sin mecanismos de control, transparencia y rendición de cuentas, las fuerzas armadas no están exentas de caer en redes ilícitas. La presión pública y política exige que las investigaciones lleguen hasta las últimas consecuencias, que se esclarezcan las muertes y que no se limite la justicia únicamente a mandos intermedios, sino que se identifique también a quienes dieron las órdenes y permitieron el funcionamiento del esquema. El caso ha abierto la puerta a una revisión más amplia sobre el uso de empresas fachada, el lavado de dinero y las múltiples maniobras fiscales que sostuvieron la operación, lo que lo convierte en uno de los mayores escándalos de corrupción reciente en el país.