HACIA UN NUEVO MODELO DE FISCALIZACIÓN Y GOBERNANZA PÚBLICA EN MÉXICO

Presentación

Este documento presenta un análisis técnico del paquete denominado “Paquete de iniciativas en materia de combate a la corrupción y la impunidad”, suscrito por el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar y fechado en noviembre de 2026. Se examinan sus propuestas desde la perspectiva de la auditoría al desempeño, la fiscalización superior, el control interno, la evaluación de políticas públicas y la gobernanza institucional.

El propósito es identificar oportunidades, riesgos de diseño y posibles mejoras legislativas, con especial atención a la manera en que las instituciones pueden prevenir irregularidades, fiscalizar con independencia, investigar con eficacia y demostrar resultados públicos.

Alcance y advertencia metodológica

El análisis se basa en el contenido de las siete iniciativas integradas en el documento proporcionado (275 páginas). Las referencias de página corresponden a la numeración impresa en ese documento. Se distingue entre: a) contenido expresamente propuesto; b) valoración técnica de AMDAD; y c) recomendaciones de mejora formuladas para discusión.

Las iniciativas son propuestas legislativas y no deben interpretarse como normas aprobadas o vigentes. Este documento no sustituye un dictamen jurídico de constitucionalidad ni una comparación exhaustiva, artículo por artículo, con todos los ordenamientos vigentes. Antes de su difusión externa conviene realizar una revisión jurídica y de concordancias legislativas.

Resumen ejecutivo

El paquete presenta una arquitectura amplia que conecta prevención, fiscalización, investigación y sanción, recuperación patrimonial y profesionalización del servicio público. Su componente de mayor incidencia en el campo de la auditoría al desempeño es la propuesta de expedir una Ley General del Sistema Nacional de Fiscalización.

La orientación general es pertinente: desplazar el énfasis desde una fiscalización exclusivamente posterior hacia un modelo que combine prevención, detección, corrección y evaluación de resultados. No obstante, la efectividad dependerá de salvaguardas concretas para preservar la autonomía de las entidades fiscalizadoras superiores, diferenciar el control interno de la fiscalización externa, asegurar recursos para la implementación, proteger el debido proceso y medir resultados sustantivos.

El análisis identifica seis condiciones transversales que convendría fortalecer durante el proceso legislativo: (1) coordinación sin subordinación; (2) reglas claras de competencia y responsabilidad; (3) indicadores verificables de resultados e impacto; (4) capacidades profesionales y recursos suficientes; (5) salvaguardas para el uso de datos y herramientas tecnológicas; y (6) garantías de participación ciudadana con independencia y capacidad efectiva de incidencia.

1. Las siete iniciativas: objeto y lectura articulada

1. Reforma constitucional a los artículos 73 y 113. Dar sustento constitucional a la coordinación del SNA y del SNF; consolidar la Política Nacional Anticorrupción y la gestión de riesgos.
2. Reforma a la Ley General del SNA. Actualizar integración y funciones del Sistema; transformar el Comité de Participación Ciudadana en Consejo Consultivo; establecer recomendaciones públicas con respuesta obligatoria.
3. Expedición de la Ley General del SNF. Regular integración, organización y funcionamiento del SNF; establecer Comité Rector, Secretaría Técnica, normas, plataforma, política y programa coordinados.
4. Reforma constitucional al artículo 102. Dotar a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de autonomía técnica, operativa y de gestión, y establecer reglas de designación y remoción.
5. Reforma a la Ley de la FGR. Desarrollar el régimen de autonomía de la Fiscalía Anticorrupción y fortalecer la especialización en delitos contra hidrocarburos.
6. Reforma a 15 ordenamientos sobre extinción de dominio y recuperación patrimonial. Fortalecer medidas cautelares, administración y preservación de bienes, restituciones, reparación a víctimas y coordinación entre procedimientos.
7. Reforma a la Ley del Servicio Profesional de Carrera. Actualizar subsistemas de ingreso, desarrollo, capacitación, evaluación y separación; reforzar mérito, integridad y profesionalización.

Leídas en conjunto, las iniciativas describen cuatro grandes eslabones: prevención y gestión de riesgos; fiscalización y control; investigación, sanción y recuperación patrimonial; y profesionalización de las capacidades públicas. La coherencia entre estos componentes dependerá de que existan responsabilidades definidas, información confiable y mecanismos de evaluación.

2. Observaciones por iniciativa

2.1. Reforma constitucional a los artículos 73 y 113

La propuesta busca consolidar una Política Nacional Anticorrupción con metas, indicadores, evaluación periódica y observancia obligatoria; reconocer constitucionalmente al SNF como instancia técnica de coordinación; incorporar la gestión de riesgos de corrupción y establecer recomendaciones públicas con obligación de respuesta. También amplía la integración del Comité Coordinador con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Instituto Nacional Electoral y la Comisión Nacional Antimonopolio (documento base, pp. 1–13).

Valoración técnica. Es positivo elevar la coordinación y la prevención a un plano estructural. La política pública debe tener objetivos medibles y continuidad, pero su obligatoriedad requiere distinguir qué componentes son vinculantes —por ejemplo, estándares mínimos de coordinación e información— y cuáles deben conservar flexibilidad para atender contextos institucionales distintos.

Recomendaciones de mejora:

• Precisar el alcance jurídico de la obligatoriedad de la Política Nacional Anticorrupción, evitando que sustituya las competencias constitucionales de cada poder, órgano autónomo y orden de gobierno.
• Establecer que las metas nacionales se traduzcan en compromisos institucionales con responsables, plazos, indicadores, líneas base y fuentes de verificación.
• Definir criterios objetivos para la integración de nuevas instituciones al Comité Coordinador y reglas para prevenir conflictos de interés, duplicidades y dispersión de responsabilidades.
• Salvaguardar la participación ciudadana sustantiva, la independencia de criterio y la publicidad de las razones por las que se aceptan o descartan sus propuestas.

2.2. Reforma a la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción

La iniciativa desarrolla los cambios de integración y coordinación, sustituye el Comité de Participación Ciudadana por un Consejo Consultivo ciudadano, honorífico y especializado, y plantea que las recomendaciones sean públicas y deban recibir respuesta. También armoniza la regulación del SNF con la nueva ley general propuesta (documento base, pp. 14–54).

Valoración técnica. La obligación de responder públicamente a las recomendaciones puede corregir una debilidad de seguimiento institucional. Sin embargo, responder no equivale a cumplir, y rechazar motivadamente una recomendación no debe convertirse automáticamente en una conducta sancionable. También debe examinarse con especial cuidado la transformación del Comité de Participación Ciudadana (CPC) en Consejo Consultivo y el traslado de la presidencia del Comité Coordinador a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, pues ambos cambios inciden en el equilibrio entre conducción gubernamental y participación ciudadana.

Recomendaciones de mejora:

• Definir el contenido mínimo de una respuesta: aceptación o rechazo, fundamentos, acciones, responsables, calendario, recursos requeridos y evidencia de cumplimiento.
• Prever un mecanismo de seguimiento con semáforos de avance, publicación de retrasos y verificación independiente de resultados.
• Tipificar con precisión las conductas sancionables y remitirlas al régimen de responsabilidades aplicable, respetando legalidad, tipicidad, presunción de inocencia y debido proceso.
• Evaluar la transformación del órgano ciudadano con indicadores de independencia, diversidad, capacidad técnica, acceso a información y efectos verificables de sus opiniones.

Comentario editorial

¿Migajas para los ciudadanos?

¿Puede hablarse de fortalecimiento del Sistema Nacional Anticorrupción si la ciudadanía pierde su posición en la conducción del mismo y queda relegada a una función esencialmente consultiva? El Comité de Participación Ciudadana nació para colocar a los ciudadanos en la cúspide de la pirámide del control, no para ofrecerles una participación testimonial.

La participación ciudadana como elemento de equilibrio institucional

La iniciativa propone transformar el Comité de Participación Ciudadana en un Consejo Consultivo del Sistema Nacional Anticorrupción, de carácter ciudadano, honorífico y especializado, con funciones de consulta, evaluación y vinculación con la sociedad. El proyecto prevé que se integre por cinco personas y que su designación corresponda al Senado de la República. La presidencia del Consejo Consultivo participaría en el Comité Coordinador con voz y voto. En el Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización, una representación del Consejo tendría voz, pero no voto.

La propuesta sostiene que este cambio busca definir con mayor claridad las funciones del órgano ciudadano, resolver dificultades del mecanismo de designación y asegurar que sus aportaciones reciban respuesta pública y motivada. Esos objetivos deben valorarse junto con el efecto que puede producir la modificación de su posición institucional. En el modelo vigente, la presidencia del CPC también preside el Comité Coordinador; en el diseño propuesto, la presidencia de este último se asigna a la persona titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

Por tanto, el cambio no elimina toda representación ciudadana ni convierte al Consejo en una instancia sin participación en la coordinación: conserva una presencia con voz y voto en el Comité Coordinador. No obstante, sí modifica la naturaleza y el lugar de esa participación. La ciudadanía deja de encabezar la coordinación del Sistema y pasa a intervenir mediante un órgano definido principalmente por funciones consultivas, de evaluación y vinculación.

El punto crítico consiste en determinar si las nuevas atribuciones garantizan una incidencia efectiva o si la participación corre el riesgo de concentrarse en la emisión de opiniones sin capacidad suficiente para influir en la agenda, el seguimiento de acuerdos y la exigencia de rendición de cuentas. La respuesta dependerá no sólo de la denominación del órgano, sino de sus facultades legales, acceso oportuno a información, recursos, independencia para fijar su agenda, transparencia de sus opiniones y mecanismos para obtener respuestas y conocer qué decisiones se adoptaron a partir de ellas.

Salvaguardas que convendría incorporar

• Garantizar que el Consejo Consultivo pueda proponer asuntos para la agenda del Comité Coordinador, solicitar información necesaria para sus funciones y presentar recomendaciones públicas por iniciativa propia, con reglas claras y plazos de respuesta.
• Establecer un mecanismo público de seguimiento que identifique cada recomendación, la autoridad destinataria, la respuesta recibida, las razones de aceptación o rechazo, los compromisos asumidos y el grado de cumplimiento.
• Asegurar un procedimiento de designación transparente, basado en mérito, experiencia, independencia, pluralidad y prevención de conflictos de interés, con comparecencias y motivación pública de las decisiones del Senado.
• Prever recursos técnicos y administrativos suficientes, así como garantías para que el Consejo establezca su agenda y emita opiniones sin instrucciones de las autoridades a las que debe observar.
• Conservar canales permanentes de participación para organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas, personas expertas y ciudadanía, y publicar cómo se incorporan sus aportaciones.
• Evaluar periódicamente la incidencia del Consejo mediante indicadores verificables: recomendaciones emitidas, respuestas recibidas, propuestas incorporadas, acuerdos cuyo seguimiento impulsó y participación social efectivamente convocada.

La eficiencia operativa del Sistema y la participación ciudadana no son objetivos incompatibles. La reforma puede revisar los problemas del diseño anterior, pero debería demostrar que el nuevo mecanismo conserva contrapesos, independencia de criterio y capacidad real de incidencia. La participación ciudadana no se mide únicamente por la existencia de un asiento en un órgano colegiado, sino por la posibilidad efectiva de influir, vigilar y exigir explicaciones.

2.3. Expedición de la Ley General del Sistema Nacional de Fiscalización

La iniciativa propone una ley de 66 artículos y 17 transitorios. Prevé un SNF como instancia permanente de coordinación; amplía la participación de órganos de control de los poderes, organismos autónomos y municipios; establece un Comité Rector copresidido por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la autoridad federal responsable del control interno; crea una Secretaría Técnica a cargo de la ASF; y contempla comisiones especializadas, normas técnicas, Política Nacional de Fiscalización, Programa de Fiscalización Coordinada, Plataforma Nacional de Fiscalización y Sistema de Gestión de Riesgos de Corrupción (documento base, pp. 55–94).

Valoración técnica. Es la iniciativa de mayor incidencia directa en el campo de la auditoría al desempeño. Su fortaleza está en intentar articular estándares, información, planeación, coordinación y profesionalización. La propuesta identifica expresamente auditorías financieras, de cumplimiento, de desempeño, forenses, de tecnologías de información y de obra pública e inversión.

Observaciones prioritarias

• Autonomía e independencia: la coordinación y los estándares comunes no deben traducirse en subordinación ni en interferencia sobre la selección de auditorías, conclusiones, informes o procedimientos propios de cada entidad fiscalizadora superior.
• Separación funcional: el control interno puede realizar monitoreo concurrente y verificar la gestión de riesgos; la fiscalización externa debe conservar independencia y evitar la coadministración.
• Gobernanza del Comité Rector: conviene precisar reglas de rotación, representación regional, transparencia de decisiones, conflictos de interés, suplencias, quórum y mecanismos para resolver desacuerdos.
• Secretaría Técnica: al quedar a cargo de la ASF y operar con su presupuesto, debe estimarse la carga adicional, el personal, la infraestructura y el financiamiento necesarios, sin menoscabar las funciones sustantivas de fiscalización superior.
• Normas técnicas: establecer un proceso público de consulta, análisis de impacto, actualización periódica y adopción gradual, considerando diferencias de tamaño, capacidad y marco jurídico de los entes fiscalizados.
• Plataforma: definir gobernanza de datos, interoperabilidad, calidad, trazabilidad, ciberseguridad, perfiles de acceso, protección de datos personales y reglas para información reservada.
• Inteligencia artificial: incorporar explicabilidad, supervisión humana, validación de modelos, registro de versiones, evaluación de sesgos y procedimientos para impugnar errores. Los resultados algorítmicos no deben determinar por sí mismos responsabilidades.
• Recomendaciones: diferenciar recomendaciones sistémicas del Comité Rector de observaciones y acciones emitidas por la ASF o por las entidades locales en ejercicio de sus atribuciones legales.

La auditoría al desempeño debe tener un papel explícito

La iniciativa reconoce la auditoría de desempeño como una modalidad que evalúa eficiencia, eficacia, economía e impacto de programas, proyectos y actividades gubernamentales. Se recomienda que las normas técnicas desarrollen criterios para evaluar la pertinencia del diseño, la calidad de los bienes y servicios, la cobertura, los resultados y los efectos atribuibles, con indicadores y evidencia verificable.

Gestión de riesgos de corrupción

El proyecto prevé inventarios de procesos expuestos, metodologías de identificación y valoración, mapas de riesgos, controles preventivos y correctivos, indicadores, alertas y capacitación. Se recomienda que la metodología sea proporcional al riesgo y al tamaño del ente; que los mapas se actualicen ante cambios operativos; y que la evaluación examine la eficacia real de los controles, no solamente la existencia documental de matrices y manuales.

Recomendaciones concretas a la iniciativa 3

• Incluir una cláusula expresa de respeto a la autonomía constitucional y legal de las entidades fiscalizadoras superiores, así como a la independencia de sus decisiones técnicas.
• Establecer que la Política Nacional de Fiscalización obliga en estándares mínimos y mecanismos de coordinación, pero no impone programas de auditoría ni conclusiones a los órganos autónomos.
• Crear un marco nacional de indicadores de desempeño del propio SNF que mida oportunidad, cobertura basada en riesgos, calidad, seguimiento, recuperación, reincidencia y mejoras institucionales.
• Prever evaluación externa e independiente del SNF con publicación de metodología, datos y respuesta institucional.
• Incorporar una evaluación de impacto presupuestario y un plan de implementación financiado, con hitos y responsables.
• Establecer mecanismos de participación de universidades, centros de investigación y asociaciones profesionales en consultas técnicas, comisiones y evaluaciones, con reglas transparentes.

2.4. Reforma constitucional al artículo 102

La propuesta configura a la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción como órgano de la Fiscalía General de la República con autonomía técnica, operativa y de gestión; acceso directo a información pertinente; suficiencia presupuestaria e identificación programática; titularidad por siete años sin reelección; y un procedimiento de selección con convocatoria pública, terna y participación del Senado (documento base, pp. 95–105).

Valoración técnica. La estabilidad y autonomía pueden fortalecer la capacidad de investigación de fenómenos complejos. No obstante, la autonomía efectiva requiere presupuesto suficiente, reglas de selección meritocráticas, controles internos, rendición de cuentas y transparencia compatible con la reserva de las investigaciones.

Recomendaciones de mejora:

• Precisar criterios de idoneidad, experiencia, independencia, conflictos de interés y evaluación pública de las candidaturas.
• Establecer causas de remoción taxativas, procedimiento contradictorio, audiencia, motivación y revisión conforme al marco constitucional.
• Vincular el presupuesto a un programa institucional con metas de investigación, judicialización, sentencias y recuperación de activos, sin comprometer la independencia de casos concretos.
• Regular el acceso a información con controles de finalidad, necesidad, proporcionalidad, seguridad y protección de datos.

2.5. Reforma a la Ley de la Fiscalía General de la República

La propuesta desarrolla el régimen de autonomía funcional reforzada de la Fiscalía Anticorrupción y plantea consolidar una fiscalía especializada en investigación de delitos en materia de hidrocarburos, adscrita a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, con competencia material, atribuciones e indicadores de evaluación (documento base, pp. 106–125).

Valoración técnica. La especialización puede mejorar la investigación de redes financieras y criminales. Para evitar estructuras paralelas o fragmentadas, la ley debe precisar coordinación, intercambio de información, conducción de investigaciones, concurrencia de competencias y mecanismos de resolución de conflictos.

Recomendaciones de mejora:

• Definir protocolos de coordinación entre fiscalías especializadas, autoridades hacendarias, unidades de inteligencia financiera y órganos fiscalizadores, dentro de sus atribuciones legales.
• Adoptar indicadores de calidad y resultados —no únicamente volumen de carpetas—, tales como judicialización, sentencias, tiempos, recuperación y reparación.
• Prever mecanismos de evaluación externa de capacidades, integridad, gestión de casos y resultados agregados, protegiendo la información reservada.

2.6. Reforma a quince ordenamientos en materia de extinción de dominio y recuperación patrimonial

La iniciativa plantea cambios amplios para regular medidas cautelares, acelerar trámites, preservar el valor de los bienes, ordenar la disposición anticipada, separar patrimonio provisional de ingresos disponibles, establecer un Fondo de Reserva, priorizar la reparación a víctimas y coordinar la extinción de dominio con procesos penales, decomiso, responsabilidades administrativas, registros públicos, concurso mercantil, régimen agrario y cooperación internacional (documento base, pp. 126–236).

Valoración técnica. La recuperación de activos puede restituir recursos y debilitar incentivos económicos de redes ilícitas. La política debe evaluarse de principio a fin: identificación, aseguramiento, custodia, conservación, administración, resolución, restitución y destino final. El monto asegurado no equivale al monto recuperado.

Recomendaciones de mejora:

• Establecer indicadores públicos sobre valor de bienes asegurados, costos de administración, depreciación, ventas autorizadas, recuperaciones firmes, restituciones y reparación a víctimas.
• Fortalecer controles de inventario, avalúos periódicos, cadena de custodia, trazabilidad de ingresos y auditoría independiente de administradores de bienes.
• Precisar el funcionamiento, administración, fondeo, suficiencia y rendición de cuentas del Fondo de Reserva.
• Prever reglas claras para evitar doble recuperación de un mismo valor y resolver concurrencia de afectaciones sobre un bien.
• Reforzar garantías de audiencia, proporcionalidad, tutela judicial efectiva y protección de terceros de buena fe.
• Publicar información agregada y anonimizada que permita evaluar tiempos, resultados y destino de los recursos, sin comprometer investigaciones ni derechos.

2.7. Reforma a la Ley del Servicio Profesional de Carrera

La iniciativa conserva los subsistemas de planeación de recursos humanos, ingreso, desarrollo profesional, capacitación y certificación, evaluación del desempeño, separación y control. Actualiza referencias institucionales y busca precisar reglas sobre mérito, profesionalización, integridad, transparencia, igualdad sustantiva, no discriminación y accesibilidad (documento base, pp. 237–275).

Valoración técnica. La profesionalización es una condición de eficacia institucional y prevención de corrupción. El mérito debe traducirse en criterios objetivos, verificables y previamente conocidos, vinculados con capacidades y funciones del puesto. La evaluación del desempeño no debe confundirse con medición de popularidad, obediencia o cumplimiento de trámites.

Recomendaciones de mejora:

• Definir perfiles por competencias y resultados esperados para cada familia de puestos.
• Establecer evaluaciones periódicas con evidencia, metas razonables, retroalimentación y derecho de revisión.
• Vincular capacitación y certificación con brechas identificadas y necesidades reales del servicio público.
• Proteger la continuidad técnica y la memoria institucional en los cambios de administración.
• Publicar indicadores del sistema: concursos, tiempos de cobertura, movilidad, capacitación, certificación, evaluación y causas de separación, con datos desagregados pertinentes.

3. Temas transversales que requieren especial cuidado

• Autonomía fiscalizadora. Riesgo: que la coordinación se convierta en subordinación o dirección centralizada. Salvaguarda: cláusulas expresas de independencia; estándares mínimos sin interferir en programas, hallazgos ni conclusiones.
• Control interno y externo. Riesgo: duplicidad, coadministración o confusión de responsabilidades. Salvaguarda: separación funcional, protocolos de intercambio y límites claros al monitoreo concurrente.
• Recomendaciones. Riesgo: equiparar discrepancia técnica con incumplimiento sancionable. Salvaguarda: respuesta fundada, seguimiento, tipicidad y debido proceso; distinguir recomendaciones de acciones legales.
• Plataforma y datos. Riesgo: información incompleta, insegura o no interoperable. Salvaguarda: gobernanza de datos, estándares abiertos, seguridad, trazabilidad y auditoría de sistemas.
• IA y alertas. Riesgo: falsos positivos o decisiones automatizadas opacas. Salvaguarda: supervisión humana, explicabilidad, validación y carácter no probatorio de alertas.
• Presupuesto. Riesgo: nuevas obligaciones sin recursos adicionales ni evaluación de costos. Salvaguarda: memoria de impacto presupuestario, gradualidad, capacidades y financiamiento identificable.
• Evaluación. Riesgo: medir actividades y productos sin demostrar resultados. Salvaguarda: indicadores de resultados e impacto, líneas base, evaluación independiente y publicación.
• Profesionalización. Riesgo: certificación formal sin mejora de competencias. Salvaguarda: estándares por función, evaluación práctica, formación continua y ética profesional.

4. Propuesta de indicadores para evaluar el sistema

La medición del desempeño del sistema anticorrupción y del SNF debe trascender el número de auditorías, observaciones o procedimientos iniciados. Los indicadores deben acompañarse de definiciones, fórmulas, líneas base, metas, responsables y fuentes de verificación.

• Prevención. Indicador: proporción de riesgos altos con controles evaluados como eficaces. Precaución: no contabilizar como control eficaz la mera existencia documental.
• Oportunidad. Indicador: tiempo entre ejercicio del recurso, detección y comunicación de irregularidad. Precaución: comparar por tipo de auditoría y complejidad.
• Cobertura. Indicador: porcentaje de recursos/programas de alto riesgo cubiertos por fiscalización. Precaución: no privilegiar cobertura nominal sobre profundidad y calidad.
• Seguimiento. Indicador: proporción de recomendaciones con acciones verificadas y concluidas. Precaución: distinguir respuesta, aceptación y cumplimiento efectivo.
• Recuperación. Indicador: recursos recuperados firmemente / montos recuperables determinados. Precaución: separar montos observados, promovidos, determinados y efectivamente recuperados.
• Desempeño público. Indicador: programas con resultados verificables respecto de metas y población objetivo. Precaución: no atribuir causalidad sin diseño de evaluación adecuado.
• Reincidencia. Indicador: variación de irregularidades recurrentes en procesos previamente revisados. Precaución: ajustar por cambios en universo, materialidad y metodología.
• Profesionalización. Indicador: personal que acredita competencias relevantes para su función. Precaución: medir aplicación de competencias, no solo asistencia a cursos.
• Impacto. Indicador: mejoras verificadas en calidad, oportunidad y cobertura de bienes y servicios públicos. Precaución: combinar datos cuantitativos y evidencia cualitativa.

5. Líneas de contribución técnica que podrían desarrollarse

A partir del análisis, se identifican cinco líneas de trabajo que podrían aportar valor al debate especializado y a los procesos de implementación, sin prejuzgar qué institución o asociación habría de asumirlas:

1. Auditoría al desempeño y calidad del gasto: desarrollar criterios para evaluar economía, eficiencia, eficacia, calidad, resultados e impacto de programas públicos.
2. Gestión de riesgos de corrupción: elaborar metodologías y casos de aplicación para procesos de contratación, obra pública, subsidios, permisos, trámites, nómina y servicios.
3. Inteligencia artificial y analítica de datos: estudiar usos responsables para detección de patrones, alertas, selección basada en riesgos y seguimiento.
4. Profesionalización y certificación: proponer marcos de competencias para auditores, evaluadores y responsables de control interno.
5. Evaluación independiente: aportar investigación, indicadores, estudios y evaluación de políticas, programas y mecanismos de fiscalización.

Cualquier colaboración institucional posterior deberá sujetarse a las decisiones, autorizaciones y reglas de gobierno de la organización correspondiente. Las líneas anteriores se presentan aquí como posibilidades técnicas, no como compromisos institucionales.

6. Propuestas prioritarias de mejora legislativa

1. Incorporar salvaguardas expresas de autonomía e independencia de la fiscalización superior. Resultado esperado: coordinación efectiva sin subordinación.
2. Precisar las fronteras entre control interno, fiscalización externa y auditoría al desempeño. Resultado esperado: menos duplicidades y responsabilidades más claras.
3. Definir el régimen de recomendaciones: respuesta, seguimiento, cumplimiento y consecuencias diferenciadas. Resultado esperado: trazabilidad y debido proceso.
4. Aprobar una memoria de impacto presupuestario y un plan de implementación por etapas. Resultado esperado: viabilidad operativa y financiera.
5. Establecer gobernanza de la Plataforma y reglas para IA, datos y alertas. Resultado esperado: uso confiable y responsable de tecnología.
6. Desarrollar indicadores de resultados e impacto del SNA y del SNF. Resultado esperado: medición de valor público y mejora institucional.
7. Fortalecer la evaluación externa e independiente y la participación académica. Resultado esperado: aprendizaje institucional y rendición de cuentas.

7. Consideraciones finales del autor

El fortalecimiento del combate a la corrupción requiere instituciones independientes, profesionales y coordinadas, así como mecanismos que permitan prevenir irregularidades, fiscalizar con oportunidad, investigar con eficacia, sancionar conforme a derecho y recuperar recursos públicos.

Es valioso avanzar hacia estándares técnicos comunes, gestión preventiva de riesgos, intercambio de información, profesionalización y evaluación de resultados. Al mismo tiempo, resulta indispensable que la coordinación respete la autonomía constitucional y legal de las instituciones, delimite responsabilidades y evite duplicidades. Asimismo, cualquier rediseño del órgano ciudadano del SNA debe preservar canales efectivos de incidencia, acceso a información, seguimiento de acuerdos y respuesta pública. La representación formal, por sí sola, no garantiza participación sustantiva.

La auditoría al desempeño debe ocupar un lugar central en este modelo, pues permite valorar si los recursos públicos se convierten en bienes, servicios y resultados pertinentes para la población. El éxito de la fiscalización no se agota en detectar irregularidades: también debe contribuir a corregir deficiencias, mejorar la gestión y generar valor público.

Por ello, las iniciativas pueden fortalecerse con salvaguardas de autonomía, reglas claras de coordinación, indicadores verificables, financiamiento suficiente, gobernanza de datos, evaluación independiente y mecanismos de profesionalización.

Conclusión

El paquete legislativo ofrece una oportunidad para revisar de manera integral la arquitectura institucional de la prevención y el combate a la corrupción. Su aportación más significativa puede ser la articulación de riesgos, control, fiscalización, investigación, sanción, recuperación patrimonial y profesionalización.

La transformación, sin embargo, no se producirá por la sola expedición de nuevas leyes. Dependerá de la claridad de las competencias, la independencia de las instituciones, la calidad de la información, la suficiencia de recursos, la capacidad profesional y la evaluación pública de los resultados.

La fiscalización adquiere su mayor valor cuando ayuda a que las instituciones aprendan, corrijan y mejoren; cuando protege los recursos públicos y cuando contribuye a que el gasto se traduzca en bienes, servicios y oportunidades para la población. Pero el sentido último de todo el sistema de control debe estar en la ciudadanía: es ella quien aporta legitimidad, recibe los resultados de la acción pública y tiene el derecho de conocer, evaluar y exigir cuentas sobre el uso de los recursos que le pertenecen.

La concepción original del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción partió precisamente de ese principio: colocar a la ciudadanía en la cúspide de la pirámide del control, como referente y destinataria última de la fiscalización, la transparencia y la rendición de cuentas. La ciudadanía no debe quedar reducida a una presencia consultiva ni perder su capacidad de incidencia en la orientación y vigilancia del Sistema. Cualquier transformación institucional debe preservar ese pilar. Un sistema anticorrupción puede perfeccionar sus instrumentos, fortalecer sus autoridades y mejorar su coordinación, pero no debe perder de vista que el control público existe, en última instancia, para servir a las personas y responder ante ellas.

Referencias documentales

Diputado Alfonso Ramírez Cuéllar. (noviembre de 2026). Paquete de iniciativas en materia de combate a la corrupción y la impunidad. Documento proporcionado para análisis, 275 páginas.

Referencias internas por iniciativa, conforme a la paginación impresa del documento:

• Reforma constitucional a los artículos 73 y 113: pp. 1–13.
• Reforma a la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción: pp. 14–54.
• Expedición de la Ley General del Sistema Nacional de Fiscalización: pp. 55–94.
• Reforma constitucional al artículo 102: pp. 95–105.
• Reforma a la Ley de la Fiscalía General de la República: pp. 106–125.
• Reformas a quince ordenamientos en materia de extinción de dominio y recuperación patrimonial: pp. 126–236.
• Reforma a la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal: pp. 237–275.