CORRUPCIÓN, ESTADO DE DERECHO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO

La corrupción tiene un costo mayor que el dinero desviado

La corrupción suele medirse por el monto de un soborno, un sobreprecio o un recurso público desviado. Sin embargo, ese cálculo apenas captura una parte del daño. La corrupción puede distorsionar la asignación del capital, reducir la competencia, desalentar inversiones, encarecer servicios, debilitar la recaudación y deteriorar la confianza en las instituciones. Su costo incluye lo que se pierde, pero también lo que deja de construirse, producirse y disfrutarse.

Hay, además, una dimensión que ninguna estimación del producto interno bruto puede expresar plenamente: el riesgo para la vida humana. Cuando una autoridad tolera una obra fuera de norma, una supervisión se omite o se certifican materiales sin comprobar su calidad, las consecuencias pueden ser irreversibles. No toda falla ni todo accidente prueban corrupción; pero la integridad de los controles y la aplicación de la ley son condiciones esenciales para prevenir tragedias.

El Índice de Estado de Derecho 2026: una advertencia institucional

El 21 de octubre de 2026, el World Justice Project (WJP) publicó la edición 2026 de su Índice de Estado de Derecho. México obtuvo una puntuación de 0.39 sobre 1 y ocupó el lugar 125 de 143 países y jurisdicciones. En América Latina y el Caribe se ubicó en el lugar 28 de 32, y entre las economías de ingreso mediano alto, en el 43 de 44.

Los resultados por factor también son relevantes: México se ubicó en el lugar 135 en ausencia de corrupción, 139 en justicia penal y 132 en orden y seguridad. Estas posiciones no son una estimación monetaria del costo de la corrupción ni prueban por sí mismas que esta explique una tasa determinada de crecimiento. Sí constituyen señales comparativas de debilidad institucional que deben analizarse junto con la calidad del gasto, la eficacia de la justicia, la seguridad jurídica y los resultados económicos.

El índice permite conectar las distintas dimensiones de este artículo: la corrupción puede distorsionar decisiones económicas; la debilidad de la justicia puede reducir la probabilidad de que se investiguen y sancionen conductas ilícitas; y las fallas en seguridad y supervisión pueden exponer a las personas a riesgos graves. No debe inferirse que cada tragedia descrita más adelante sea consecuencia de corrupción acreditada; sí corresponde exigir que las autoridades investiguen con rigor, transparenten sus conclusiones y deslinden responsabilidades conforme a derecho.

El crecimiento observado y el crecimiento que pudo alcanzarse

En los trabajos previos de AMDAD sobre el PIB per cápita, la competitividad fiscal y la democracia orientada a resultados hemos insistido en que el Estado de derecho no es ajeno a la economía. La inversión productiva requiere contratos exigibles, permisos previsibles, competencia equitativa y justicia efectiva. Cuando esas condiciones se deterioran, aumentan los costos y se reduce el rendimiento esperado de invertir.

Una comparación histórica del PIB per cápita real con el Índice de Percepción de la Corrupción puede mostrar trayectorias simultáneas, pero no basta para establecer causalidad. Lo contrario también es cierto: la falta de demostración causal en una gráfica no refuta la hipótesis económica. Para estimar el efecto atribuible a la corrupción debe compararse el resultado observado con un escenario contrafactual razonable, controlando productividad, inversión, educación, demografía, condiciones internacionales y otras variables.

Supongamos, solo para ilustrar, que una economía crece 1% cuando habría podido crecer 2% en condiciones institucionales más íntegras, manteniendo constantes los demás factores. No se observaría necesariamente una caída del PIB; el daño sería el crecimiento no alcanzado. Esa brecha no debe afirmarse como cifra para México sin un estudio que la estime, pero es conceptualmente indispensable para evaluar los costos de oportunidad de la corrupción.

Qué dicen las mediciones: cifras distintas para fenómenos distintos

El Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional mide percepciones de corrupción del sector público, no montos sustraídos ni delitos acreditados. La evolución del PIB per cápita real, por su parte, es una medición de producción por habitante y no una medida directa de integridad institucional. Ambos indicadores permiten plantear preguntas de investigación, no calcular automáticamente un costo causal.

En el Programa Sectorial de Función Pública 2020–2024 se citó una estimación del costo de la corrupción equivalente a 9% del PIB, atribuida a cálculos del Banco Mundial y del Banco de México. La cifra debe identificarse como una referencia secundaria de alcance amplio: no es una serie anual oficial de pérdidas observadas y no debe aplicarse mecánicamente a cada año ni sumarse a otros cálculos.

Una fuente más delimitada es la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) del INEGI, que estima el costo de actos de corrupción en trámites y contactos cotidianos de la población con autoridades. En pesos constantes de 2018, la serie reporta aproximadamente 12,290 millones en 2019; 8,358 millones en 2021; 11,911 millones en 2023, y 17,707.4 millones en 2025. Estas cantidades no incluyen todos los daños de la corrupción en empresas, infraestructura, contratación pública o inversión. Además, el INEGI advierte limitaciones de precisión estadística en determinadas estimaciones.

Costo ENCIG (millones de pesos de 2018) y % del PIB (aprox.)

• 2019: 12,290 · 0.051 %
• 2021: 8,358 · 0.036 %
• 2023: 11,911 · 0.048 %
• 2025: 17,707.4 · 0.069 %

La comparación entre 2019 y 2025 permite observar cambios en esta dimensión específica, pero no reconstruye una serie del costo total de la corrupción. La columna del PIB es aproximada: relaciona los costos ENCIG expresados en pesos constantes de 2018 con el PIB anual a precios de 2018 publicado por el INEGI; el dato de 2025 es estimativo y sujeto a revisión. El costo ENCIG cubre únicamente actos de corrupción vinculados con trámites, pagos y contactos cotidianos de los hogares, no el conjunto de pérdidas económicas asociadas con la corrupción.

Cuando la corrupción y la negligencia amenazan la vida

En la construcción de hospitales, escuelas, puentes y sistemas de transporte, las normas técnicas no son trámites ornamentales: son salvaguardas de la vida. Si se sustituyen varillas, acero, concreto o cemento por insumos de calidad inferior a la especificada; si se falsean pruebas; o si se toleran ampliaciones sin cálculo estructural, el eventual ahorro privado puede convertirse en un costo social descomunal. Estos mecanismos describen riesgos posibles, no hechos probados en cada uno de los casos que siguen.

Hospital Juárez, 1985. El sismo del 19 de septiembre provocó el derrumbe de su torre de hospitalización y la pérdida de cientos de vidas. Las reconstrucciones históricas y los estudios de salud pública subrayan la importancia del diseño y la resistencia de los edificios hospitalarios. El caso obliga a examinar la calidad de la infraestructura, la supervisión técnica y la responsabilidad institucional; no permite, por sí solo, imputar corrupción específica a todas las personas involucradas.

Colegio Enrique Rébsamen, 2017. El colapso durante el sismo del 19 de septiembre causó la muerte de 19 menores y siete adultos. Las investigaciones judiciales documentaron irregularidades constructivas y documentales; también se identificaron ampliaciones y problemas de seguridad estructural. Es un ejemplo especialmente doloroso de cómo el incumplimiento de obligaciones de construcción y vigilancia puede tener consecuencias mortales.

El colapso de la Línea 12 del Metro, el 3 de mayo de 2021, causó 26 muertes y más de un centenar de personas lesionadas. Además de las investigaciones sobre las causas, el caso generó controversias sobre la reserva de documentos de construcción y la difusión de los peritajes de DNV. La distinción importa: hubo documentación de obra clasificada como reservada por investigaciones en curso, mientras que la gestión del tercer informe tuvo un trámite específico de acceso a la información. Para la auditoría al desempeño, la lección es que la transparencia, la rendición de cuentas y la investigación técnica independiente deben acompañar la prevención y la reparación.

Tren Interoceánico, 2025–2026. El descarrilamiento del 28 de diciembre de 2025 dejó víctimas mortales y personas lesionadas. En enero de 2026, la Fiscalía General de la República informó que el tren circulaba por encima de la velocidad autorizada; en abril presentó conclusiones de la investigación. El caso es pertinente para exigir evaluación de riesgos, capacitación, supervisión, mantenimiento y controles de operación. Sería incorrecto presentarlo como prueba de materiales deficientes o de corrupción acreditada sin una resolución o evidencia específica que lo sustente.

Estos episodios, distintos en sus causas y responsabilidades, dejaron heridas que mancharon de rojo escarlata la historia de nuestra patria. Recordarlos exige respeto a las víctimas y una distinción indispensable entre tragedia, negligencia, irregularidad administrativa, corrupción y responsabilidad penal. Precisamente porque las consecuencias son tan graves, la exigencia de pruebas no debe debilitarse: debe fortalecerse.

Auditoría al desempeño: prevenir pérdidas y proteger vidas

La auditoría al desempeño debe ir más allá de verificar cuánto se gastó y si el expediente contiene firmas. Debe preguntar si el proyecto cumple su función, si el material instalado coincide con el contratado, si las pruebas de calidad son auténticas, si los riesgos fueron evaluados y si las observaciones se corrigieron oportunamente. En infraestructura crítica, la eficacia de los controles puede expresarse en vidas protegidas y daños evitados.

Una agenda verificable incluye auditorías basadas en riesgos; trazabilidad de materiales y pruebas de laboratorio independientes; supervisión de cambios de proyecto; inspecciones posteriores a la entrega; publicación de hallazgos y correcciones; seguimiento de recomendaciones; y mecanismos de investigación y sanción imparciales cuando existan elementos para fincar responsabilidades. La evaluación debe medir tanto la eficiencia económica como la seguridad, continuidad y calidad del servicio.

Estado de derecho y cero impunidad: una obligación con el futuro

Fortalecer el Estado de derecho no es una consigna política. Es asegurar que las reglas se apliquen, que las contrataciones públicas respondan al interés general y que ninguna posición de poder dispense de cumplir la ley. La cero impunidad exige investigaciones técnicas, debido proceso, sanciones proporcionales cuando se acrediten conductas ilícitas y reparación de daños a las víctimas.

Conclusión

La corrupción puede empobrecer a un país sin que el PIB se contraiga: basta con que impida alcanzar el crecimiento que habría sido posible. Y puede causar daños que ningún indicador económico compensa cuando la falta de integridad, supervisión o rendición de cuentas permite riesgos mortales. Por ello, fortalecer el Estado de derecho, garantizar la transparencia, profesionalizar las contrataciones y ejercer una auditoría al desempeño preventiva y efectiva no son tareas accesorias: son condiciones para generar valor público, proteger vidas y recuperar la confianza ciudadana. La cero impunidad, con investigaciones sólidas y respeto al debido proceso, debe traducir los hallazgos en responsabilidades y correcciones. Evaluar no es solo revisar cuánto se gastó; es comprobar qué resultados se lograron, qué riesgos se evitaron y si el Estado cumplió su obligación de servir y proteger a la sociedad.

Referencias

1. Banco Mundial. World Development Indicators, PIB per cápita real de México (indicador NY.GDP.PCAP.KD): https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.KD?locations=MX
2. Transparencia Internacional. Corruption Perceptions Index, México: https://www.transparency.org/en/countries/mexico
3. INEGI. ENCIG 2023, reporte de resultados: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2024/EstSegPub/ENCIG_23.pdf
4. INEGI. ENCIG 2025, reporte de resultados (21 de mayo de 2026): https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2026/encig/ENCIG2025_RR.pdf
5. Secretaría de la Función Pública. Programa Sectorial de Función Pública 2020–2024: https://sidof.segob.gob.mx/notas/docFuente/5595678
6. Salud Pública de México. Terremotos y salud: lecciones y recomendaciones: https://saludpublica.mx/index.php/spm/article/download/9445/11484?inline=1
7. El Universal. Sistema hospitalario, entre los damnificados del 85: https://archivo.eluniversal.com.mx/primera/24124.html
8. La Jornada. Aumentan sentencia de directora del Rébsamen (2021): https://www.jornada.com.mx/noticia/2021/08/19/capital/aumentan-en-cinco-anos-sentencia-de-directora-del-rebsamen-6841
9. Congreso de la Ciudad de México. Antecedentes e irregularidades constructivas del Colegio Rébsamen: https://www.congresocdmx.gob.mx/archivo-49edcae462760fb8ace10afa9262ff10b4ea454d.pdf
10. Fiscalía General de la República. Comunicado 043/26, 27 de enero de 2026, Tren Interoceánico: https://alertaamber.fgr.org.mx/es/FGR/Prensa/_rid/61/_mod/story?f=53&ord=desc&p=268&suri=http%3A%2F%2Fwww.FGR.swb%23fgr_Boletin%3A23674
11. Fiscalía General de la República. Comunicado 183/26, 8 de abril de 2026, Tren Interoceánico: https://fgr.org.mx/en/FGR/Nacional/_rid/61/_mod/story?categoria=Nacional&f=5&ord=desc&p=26&suri=http%3A%2F%2Fwww.FGR.swb%23fgr_Boletin%3A25042
12. FMI. Tanzi y Davoodi, Corruption, Public Investment, and Growth (1997): https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2016/12/30/Corruption-Public-Investment-and-Growth-2353
13. Lozano Dubernard, Javier. El desafío del crecimiento económico de México frente al nuevo concierto global (AMDAD, 2026): https://www.amdad.mx/articulo.php?slug=el-desafio-del-crecimiento-economico-de-mexico-frente-al-nuevo-concierto-global-una-mirada-al-pib-per-capita-2018-2026
14. World Justice Project (WJP). (21 de octubre de 2026). WJP Rule of Law Index 2026 Global Press Release. https://worldjusticeproject.org/news/wjp-rule-law-index-2026-global-press-release
15. World Justice Project (WJP). WJP Rule of Law Index: Mexico Insights, 2026. https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/country/Mexico
16. INFO CDMX. Reporte Especial No. 1/2022: Apertura en la L12 del Metro. https://infocdmx.org.mx/index.php/2-boletines/7700-dcs-140-2022.html
17. Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México. Oficio CDMX/SOBSE/SUT/2040/2022, 9 de junio de 2022, relativo a la solicitud de versión pública del tercer informe de DNV. https://transparencia.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/62d/0d4/c16/62d0d4c162c09341628108.pdf
18. DNV. Media statement regarding Mexico City Metro Line 12 investigation, 2022. https://www.dnv.com.mx/news/2022/media-statement-regarding-mexico-city-metro-line-investigation-224387/
19. La Jornada. Gobierno capitalino cancela contrato a DNV por peritaje de la L12, 11 de octubre de 2022. https://www.jornada.com.mx/noticia/2022/10/11/capital/gobierno-capitalino-cancela-contrato-a-dnv-por-peritaje-de-la-l12-6945
20. Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Informe de reparación integral relativo a la Línea 12 del Metro, 2024. https://cdhcm.org.mx/wp-content/uploads/2024/01/Informe-Reparacion-Integral.pdf