REDISEÑAR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA NUEVA ECONOMÍA

1. La nueva economía exige nuevas políticas públicas

¿Cómo debemos rediseñar las políticas públicas para responder a una economía que cambia más rápido que las instituciones encargadas de regularla, impulsarla y evaluar sus resultados?

Esta pregunta conecta diversas reflexiones que hemos desarrollado en publicaciones recientes sobre finanzas públicas, salud, inteligencia artificial, mercados criminales, inversiones estratégicas y cooperación internacional.

Aunque estos temas parecen pertenecer a ámbitos distintos, comparten un desafío: las decisiones públicas deben anticiparse a los cambios, aprovechar mejor los recursos disponibles y producir resultados que se traduzcan en bienestar, seguridad económica y oportunidades de desarrollo.

La propuesta del Global Fund for a New Economy (GFNE) ofrece un marco para profundizar en esta discusión. Su planteamiento busca una economía inclusiva, equitativa y sostenible, en la que la prosperidad, el trabajo digno y la protección ambiental se refuercen mutuamente.

No se trata de adoptar un modelo único ni de sustituir indiscriminadamente los instrumentos existentes. Se trata de revisar si las políticas actuales responden a las nuevas condiciones tecnológicas, demográficas, financieras y ambientales, y si sus resultados justifican los recursos que la sociedad destina a ellas.

La nueva economía requiere, por tanto, algo más que innovación tecnológica o crecimiento del producto interno bruto: exige capacidad institucional para convertir las oportunidades económicas en beneficios sociales duraderos.

2. Finanzas públicas: el costo de no actuar

En el trabajo “MÉXICO 2027: PRESUPUESTO Y FINANZAS PÚBLICAS ANTE UN ESCENARIO DE RESTRICCIONES”, cuyo subtítulo es “Crecimiento, ingresos, deuda, gasto y rendición de cuentas”, abordamos una cuestión central para el futuro del país: la necesidad de priorizar las decisiones públicas considerando no solamente su costo inmediato, sino también las consecuencias económicas y sociales de postergarlas.

Cuando los recursos son limitados, la calidad de las decisiones presupuestarias adquiere una importancia estratégica. No basta con distribuir el gasto entre sectores o cumplir las metas de ejercicio presupuestario. Es indispensable identificar las intervenciones que pueden generar mayores beneficios, evaluar sus riesgos y reconocer el costo de oportunidad de las decisiones.

La inversión en infraestructura, educación, salud, prevención e innovación debe analizarse con una perspectiva que trascienda el ejercicio fiscal. De otro modo, los ahorros inmediatos pueden convertirse en mayores costos futuros, mientras que las necesidades que pudieron atenderse oportunamente se transforman en problemas más complejos.

Esto exige vincular la planeación, el presupuesto y la evaluación del desempeño, con objetivos medibles y evidencia que permita corregir las decisiones cuando los resultados no sean los esperados.

La disciplina fiscal conserva su importancia, pero debe acompañarse de una visión estratégica: gastar responsablemente significa evitar tanto el dispendio como la insuficiencia de inversión en capacidades esenciales para el desarrollo.

3. Salud y prevención: invertir en capacidades humanas

En el artículo “Salud en México: cincuenta años de avances, pero ¿cuánto hemos mejorado en desempeño?”, publicado en AMDAD.mx el 13 de octubre de 2026 por la Dra. Vania Pérez Morales, vicepresidenta de Docencia y Desarrollo Académico de la AMDAD, se examina la capacidad del sistema de salud para producir resultados y valor público, a partir de indicadores y del informe de la OPS “Salud en las Américas 2026”. Esta publicación institucional aporta un antecedente pertinente para la reflexión sobre la prevención y la asignación de recursos.

La salud permite comprender por qué el horizonte de las políticas públicas debe ser más amplio que el de sus asignaciones presupuestarias anuales.

La nutrición durante los primeros años de vida, la prevención y la atención primaria pueden influir en el desarrollo humano, el aprendizaje y la productividad durante décadas. Postergar estas intervenciones puede generar costos posteriores para las familias, las instituciones sanitarias y las finanzas públicas.

El reto consiste en equilibrar la atención de las necesidades inmediatas con inversiones preventivas que reduzcan vulnerabilidades futuras, sin desconocer las obligaciones de atención de los servicios públicos.

Esta perspectiva debe incorporar indicadores que permitan evaluar no solamente la cobertura o el gasto ejercido, sino también la calidad de los servicios, la evolución de los resultados sanitarios y las diferencias de acceso entre grupos de población.

La salud debe entenderse como un derecho y un componente esencial de las capacidades productivas y sociales del país.

4. Inteligencia artificial: innovación con gobernanza

La transformación digital ofrece oportunidades para mejorar la productividad, analizar grandes volúmenes de información, detectar riesgos y fortalecer los servicios públicos. Sin embargo, la incorporación de tecnología no garantiza por sí misma una mejora del desempeño institucional.

En tus artículos “Las Amenazas de la Inteligencia Artificial y la Auditoría al Desempeño como Pilar de Gobernanza” (14 de septiembre de 2026) e “Inteligencia Artificial, Evaluación del Desempeño y Cero Impunidad: Hacia una Nueva Era en la Fiscalización Anticorrupción” (19 de septiembre de 2026), publicados en AMDAD.mx, has relacionado la innovación tecnológica con la gobernanza, la fiscalización y la responsabilidad institucional.

Las políticas públicas deben considerar la protección de datos, la calidad de la información, los posibles sesgos, la transparencia de los procesos y la responsabilidad de quienes utilizan sistemas automatizados.

También deben anticipar los efectos sobre el empleo y las competencias laborales, procurando que los beneficios de la innovación se traduzcan en mejores oportunidades y no únicamente en una mayor concentración de capacidades económicas y tecnológicas.

La auditoría al desempeño puede contribuir a evaluar si las inversiones digitales resuelven los problemas que justificaron su adopción, mejoran los servicios y producen beneficios verificables.

La tecnología debe estar al servicio de las personas y de instituciones más eficaces, transparentes y responsables.

5. Inversiones estratégicas, seguridad económica y Estado de derecho

En publicaciones institucionales de la AMDAD sobre el análisis de los mercados criminales en México se han examinado las condiciones institucionales necesarias para el desarrollo económico. El presente artículo retoma ese enfoque general sin citar manuscritos cuya publicación o autoría no se haya confirmado.

Las inversiones en minerales estratégicos, infraestructura y nuevas tecnologías pueden generar oportunidades de crecimiento, transferencia de conocimientos y fortalecimiento de las cadenas productivas. Sin embargo, sus beneficios no deben medirse exclusivamente por el monto de capital movilizado.

Es necesario considerar la creación de capacidades nacionales, la calidad del empleo, los efectos territoriales, el uso sostenible de los recursos naturales y los beneficios efectivos para las comunidades.

Al mismo tiempo, la existencia de mercados criminales y redes financieras ilícitas plantea riesgos para la seguridad, la competencia económica, la inversión y la confianza en las instituciones.

Ambos asuntos conducen a una conclusión común: el desarrollo económico requiere un entorno de legalidad, certidumbre jurídica, supervisión efectiva y capacidad para prevenir y sancionar conductas ilícitas.

La cooperación internacional en materia financiera, tecnológica, informativa y de capacitación complementa los esfuerzos nacionales ante riesgos que trascienden las fronteras.

No basta con atraer inversiones o incrementar la actividad económica. Es indispensable crear condiciones para que el desarrollo ocurra dentro de un marco institucional confiable y sus beneficios puedan evaluarse de manera objetiva.

6. Cero impunidad, transparencia y rendición de cuentas: condiciones para el desarrollo

La discusión sobre la nueva economía estaría incompleta si no incorporara un elemento fundamental: el combate a la corrupción y la vigencia efectiva del Estado de derecho.

La corrupción distorsiona las decisiones de inversión, encarece las contrataciones, desvía recursos, debilita la competencia y reduce la confianza en las instituciones. También puede provocar que los programas públicos respondan a intereses particulares en lugar de atender las necesidades que justifican su existencia.

Por ello, el combate a la corrupción no debe concebirse como un asunto separado de la política económica o de la gestión pública. Es una condición para mejorar la asignación de los recursos, fortalecer la legitimidad institucional y asegurar que las decisiones se adopten conforme al interés público.

Esto requiere avanzar hacia una política efectiva de cero impunidad frente a los actos de corrupción, entendida como la investigación profesional de las conductas, la aplicación de sanciones conforme a derecho y la ejecución de las resoluciones correspondientes, con respeto al debido proceso y a los derechos de todas las personas.

La transparencia debe permitir conocer cómo se toman las decisiones, cómo se contratan los bienes y servicios, cómo se ejercen los presupuestos y qué resultados se obtienen. La rendición de cuentas, por su parte, debe hacer posible que las autoridades expliquen y justifiquen sus decisiones, y que las irregularidades generen consecuencias conforme al marco jurídico aplicable.

Estos principios deben acompañarse de instituciones de control, fiscalización, investigación y procuración e impartición de justicia con capacidades suficientes, coordinación efectiva y autonomía en el ejercicio de sus respectivas competencias.

En una República democrática, el ejercicio del poder público no puede separarse de la responsabilidad frente a la ciudadanía.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en su artículo 39, que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo y que todo poder público proviene de él y se instituye para su beneficio. El artículo 40 define a México como una República representativa, democrática, laica y federal.

Estos principios no son únicamente declaraciones formales. Deben reflejarse en el funcionamiento cotidiano de las instituciones, en el respeto a la legalidad, en la existencia de contrapesos y en la obligación de ejercer el poder para beneficio de la sociedad.

Asimismo, los artículos 109 y 134 constitucionales proporcionan fundamentos relevantes en materia de responsabilidades de los servidores públicos y administración de los recursos públicos con criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.

Rediseñar las políticas públicas para la nueva economía implica, por tanto, fortalecer el Estado de derecho y asegurar que la modernización económica avance acompañada de instituciones responsables, mecanismos de control eficaces y una ciudadanía con acceso a información y vías de exigencia.

Sin estas condiciones, la innovación puede coexistir con prácticas opacas, el crecimiento puede distribuirse de manera inequitativa y los recursos públicos pueden dejar de producir los beneficios para los que fueron destinados.

7. Auditoría al desempeño: evaluar el valor público

La complejidad de los desafíos contemporáneos obliga a fortalecer los mecanismos con los que evaluamos la acción gubernamental.

El cumplimiento normativo, el ejercicio presupuestario y la entrega de bienes y servicios son componentes necesarios de la gestión pública, pero no demuestran por sí mismos que una política haya resuelto el problema que le dio origen.

La auditoría al desempeño permite examinar la relación entre los recursos utilizados, los productos entregados, los resultados obtenidos y los impactos generados, así como identificar oportunidades de mejora.

Su aportación es especialmente importante cuando los problemas requieren la participación de varias instituciones o cuando los resultados dependen de intervenciones sostenidas durante años.

La evaluación debe ayudar a responder preguntas concretas:

• ¿Los recursos se destinan a las prioridades que ofrecen mayores beneficios sociales?
• ¿Las políticas atienden las causas de los problemas y no solamente sus manifestaciones?
• ¿Los resultados se distribuyen de manera equitativa y llegan a la población objetivo?
• ¿Existen controles suficientes para prevenir la corrupción, detectar irregularidades y exigir responsabilidades?
• ¿Las inversiones generan beneficios sostenibles y consideran sus efectos ambientales y económicos de largo plazo?
• ¿La evidencia obtenida se utiliza para corregir programas, mejorar decisiones y fortalecer la rendición de cuentas?

8. Hacia una agenda integrada de políticas públicas

Las reflexiones anteriores apuntan a la necesidad de articular una agenda de transformación institucional con cinco componentes:

1. Planeación de largo plazo. Incorporar escenarios económicos, tecnológicos, demográficos y ambientales en las decisiones presentes.
2. Presupuesto orientado a resultados. Priorizar las inversiones con base en evidencia, costos de oportunidad, riesgos y beneficios esperados.
3. Estado de derecho y combate a la corrupción. Fortalecer la prevención, la investigación y la sanción de las conductas ilícitas, con cero impunidad, transparencia y rendición de cuentas.
4. Innovación responsable. Aprovechar la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías bajo principios de legalidad, protección de derechos y evaluación de resultados.
5. Evaluación y cooperación. Mejorar la coordinación institucional, la colaboración internacional y el uso de la evidencia para corregir políticas y asegurar resultados sostenibles.

Estos componentes deben operar de manera articulada. La planeación sin evaluación puede convertirse en una declaración de intenciones; el presupuesto sin transparencia puede perder legitimidad; la innovación sin gobernanza puede generar nuevos riesgos, y el crecimiento sin Estado de derecho puede dejar de producir beneficios sostenibles.

Conclusión. Una economía que genere bienestar y confianza

La nueva economía plantea la oportunidad de revisar las prioridades del desarrollo y las reglas con las que organizamos la actividad económica. Pero también nos obliga a examinar la calidad de las instituciones que deben conducir esa transformación.

Las finanzas públicas, la salud, la inteligencia artificial, las inversiones estratégicas, la seguridad económica y la sostenibilidad no son agendas independientes. Su eficacia depende de la capacidad de articularlas mediante políticas públicas coherentes, recursos suficientes y mecanismos confiables de evaluación.

El combate a la corrupción, la cero impunidad, la transparencia y la rendición de cuentas son condiciones esenciales de este proceso, dentro de un Estado de derecho que haga efectivos los principios de nuestra República democrática.

La transformación económica debe acompañarse de una transformación institucional: mejores decisiones, controles eficaces, responsabilidades exigibles y resultados que puedan verificarse.

Desde la perspectiva de la auditoría al desempeño, la pregunta fundamental no es solamente cuánto crece la economía o cuánto presupuesto se ejerce, sino qué capacidades construimos, qué problemas resolvemos y qué beneficios recibe la sociedad.

Rediseñar las políticas públicas para la nueva economía significa convertir los recursos en resultados, la legalidad en confianza y el crecimiento económico en bienestar sostenible.

Ese es el desafío y, al mismo tiempo, la oportunidad para fortalecer nuestras instituciones y construir mejores condiciones de desarrollo para las generaciones presentes y futuras.

Referencias y continuidad editorial

Blogs previos relacionados

• “MÉXICO 2027: PRESUPUESTO Y FINANZAS PÚBLICAS ANTE UN ESCENARIO DE RESTRICCIONES”. Subtítulo: “Crecimiento, ingresos, deuda, gasto y rendición de cuentas”. Mantener la autoría que figure en la versión publicada.
• Dra. Vania Pérez Morales, “Salud en México: cincuenta años de avances, pero ¿cuánto hemos mejorado en desempeño?”, AMDAD.mx, 13 de octubre de 2026.
• Act. Javier Lozano Dubernard, “Las Amenazas de la Inteligencia Artificial y la Auditoría al Desempeño como Pilar de Gobernanza”, AMDAD.mx, 14 de septiembre de 2026.
• Act. Javier Lozano Dubernard, “Inteligencia Artificial, Evaluación del Desempeño y Cero Impunidad: Hacia una Nueva Era en la Fiscalización Anticorrupción”, AMDAD.mx, 19 de septiembre de 2026.
• Act. Javier Lozano Dubernard, “¿Y si la Singularidad está cerca? La Auditoría al Desempeño ante el Escenario de Aceleración Exponencial”, AMDAD.mx, 17 de septiembre de 2026.
• Las publicaciones sobre mercados criminales, minería del cobre y migración deben citarse con su título y crédito exactos una vez localizadas sus fichas individuales en el portal.

Referencias normativas y conceptuales

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 39, 40, 109 y 134. Cámara de Diputados: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf
• Global Fund for a New Economy (GFNE), “What is a New Economy?”: https://gfne.org/
• Organización Panamericana de la Salud, Salud en las Américas 2026: Priorizar la carga de enfermedad evitable para lograr el máximo impacto, 29 de septiembre de 2026.