José y las vacas flacas: el reto fiscal del Paquete Económico 2027
En el relato bíblico, José interpretó el sueño del faraón: siete años de abundancia serían seguidos por siete años de escasez. Lo relevante no fue solamente anticipar lo que vendría, sino la decisión que tomó después: administrar los recursos disponibles y prepararse antes de que llegaran los años difíciles. La historia conserva una vigencia inesperada para las finanzas públicas mexicanas. México no está frente a una crisis fiscal, pero llegará al Paquete Económico 2027 con menos margen para equivocarse y con una parte importante del presupuesto comprometida antes de discutir nuevas prioridades.
El próximo 8 de septiembre conoceremos los Criterios Generales de Política Económica, la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. No partimos de cero. El Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 y los Pre-Criterios 2027 permiten anticipar buena parte de la discusión. El gasto neto total aprobado para 2026 asciende a 10.2 billones de pesos. La cifra impresiona, pero sería un error leerla como si fueran diez billones disponibles para decidir libremente. Pensiones, costo financiero, participaciones y otras obligaciones reducen ese espacio.
Los Pre-Criterios plantean para 2027 un crecimiento real del PIB de entre 1.9% y 2.9%, inflación de 3.0% al cierre, un tipo de cambio de 18.6 pesos por dólar y Cetes a 28 días en 5.5% al final del año. Hacienda estima, además, ingresos presupuestarios por 8.8 billones de pesos, equivalentes a 22.2% del PIB. Son supuestos razonables como escenario de trabajo, aunque en septiembre habrá que contrastarlos con Banco de México, organismos internacionales y analistas privados.
Quienes hemos seguido durante años la elaboración y ejecución de presupuestos sabemos que unas décimas de crecimiento terminan teniendo consecuencias concretas. Si la economía avanza más, mejoran las bases gravables y la recaudación de ISR e IVA. Si crece menos, la diferencia aparece en las cuentas públicas. El presupuesto se construye con estimaciones; las pensiones, los intereses y otras obligaciones, en cambio, deben pagarse aunque esas estimaciones no se cumplan.
Las pensiones permiten ver con claridad el cambio que ha sufrido la estructura del gasto. Para 2026, las pensiones y jubilaciones consideradas dentro del gasto programable ascienden aproximadamente a 1.7 billones de pesos, mientras la inversión física, bajo la misma clasificación económica, se ubica alrededor de 1.0 billón. No tienen la misma finalidad y no deben confundirse, pero la comparación de magnitudes es reveladora: el gasto pensionario equivale aproximadamente a 1.8 veces la inversión física.
Hace quince o veinte años todavía era común hablar de las pensiones como una presión futura. Hoy esa descripción ya no alcanza. Son una presión presente y seguirán ganando peso conforme avance el envejecimiento poblacional. Además, el presupuesto anual muestra el flujo que debe pagarse durante el ejercicio, pero no concentra en una sola cifra todas las obligaciones actuariales de largo plazo de los distintos sistemas pensionarios. El flujo afecta el presupuesto de hoy; las obligaciones acumuladas condicionan los de mañana.
Con la deuda sucede algo parecido. El costo financiero total presupuestado para 2026 ronda 1.6 billones de pesos. No todo ese monto corresponde exclusivamente a intereses de la deuda del Gobierno Federal, por lo que conviene evitar simplificaciones. Lo importante es la magnitud de la presión: el servicio financiero se ha convertido en uno de los grandes condicionantes del presupuesto y reduce el espacio disponible para otras decisiones.
Durante mucho tiempo la conversación sobre deuda se concentró en el saldo. Hoy eso resulta insuficiente. Una deuda puede estabilizarse como proporción del PIB y seguir siendo costosa. Los Pre-Criterios prevén que los Requerimientos Financieros del Sector Público pasen de 4.1% del PIB en 2026 a 3.5% en 2027, mientras el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público permanecería alrededor de 55% del PIB. No son cifras que anuncien insolvencia. Presentarlas así sería exagerado. Sí describen una consolidación que deberá hacerse dentro de un presupuesto con obligaciones difíciles de modificar.
Aquí es donde la historia de José resulta útil. La prudencia fiscal no empieza cuando faltan recursos. Empieza antes. Cuando los ingresos no alcanzan, diferir una carretera, un hospital o una obra hidráulica suele ser más sencillo que dejar de pagar una pensión, el costo de la deuda o las participaciones a los estados. El problema es que la obra que se posterga no desaparece: reaparece como infraestructura insuficiente, menor productividad o un rezago que otro presupuesto tendrá que financiar.
Por eso no todas las consolidaciones fiscales son iguales. Reducir el déficit mediante ingresos permanentes, una mejor recaudación, mayor eficiencia o eliminación de erogaciones improductivas no tiene el mismo efecto que hacerlo sacrificando inversión. En las cuentas del año ambas decisiones pueden ayudar a cerrar el déficit; en la capacidad de crecimiento de los años siguientes pueden producir resultados muy distintos.
Los programas sociales también deberán observarse con cuidado. Su importancia social es evidente, pero su financiamiento debe analizarse junto con las pensiones contributivas y no contributivas, el costo financiero y las transferencias. La discusión útil no consiste en reducir el tema a estar a favor o en contra de un programa. La pregunta relevante es cómo sostenerlo en el tiempo, cómo evaluar sus resultados y qué espacio deja para otras prioridades.
Tampoco podemos olvidar a los estados y municipios. Las participaciones y aportaciones federales son fundamentales para sus finanzas. Una desviación en los ingresos federales puede transmitirse a los gobiernos subnacionales y afectar inversión, operación y prestación de servicios. La consolidación fiscal federal no termina en las cuentas de Hacienda.
Cuando llegue septiembre, seguramente los primeros titulares volverán al crecimiento, el déficit y la deuda. Yo pondría atención en algo menos visible: cuánto presupuesto queda después de atender pensiones, costo financiero, participaciones y otros compromisos que prácticamente llegan decididos. Ahí se encuentra el verdadero margen de la política fiscal.
José entendió que los años de abundancia no eran una invitación a gastar todo, sino una oportunidad para prepararse. México no está entrando necesariamente en siete años de vacas flacas, y sería irresponsable afirmarlo. Pero tampoco puede administrar sus finanzas suponiendo que todos los años serán de vacas gordas. El examen del Paquete Económico 2027 será comprobar si la consolidación fiscal protege el presente sin seguir reduciendo la capacidad de invertir en el futuro.
