¿Quién examina a la UNAM cuando la UNAM reprueba?
Lo ocurrido en 2026 no fue solamente una falla tecnológica ni un episodio aislado de fraude.
¿Quién revisa a la Universidad Nacional Autónoma de México cuando la institución que evalúa a miles de jóvenes demuestra que no pudo controlar su propio examen de ingreso? Lo ocurrido en 2026 no fue solamente una falla tecnológica ni un episodio aislado de fraude. Fue una señal más profunda: la UNAM conserva un enorme prestigio académico, pero su estructura administrativa parece avanzar con una lentitud que ya no corresponde a los problemas que enfrenta.
La aplicación del examen completamente en línea fue presentada como una muestra de modernización. Sin embargo, los resultados anómalos, las sospechas de suplantación, el apoyo externo a algunos aspirantes y la necesidad de revisar o repetir parte del proceso evidenciaron que los controles no fueron suficientes. La Universidad quiso dar un salto tecnológico sin demostrar primero que el sistema era confiable, resistente y capaz de garantizar condiciones iguales para todos.
La responsabilidad no puede atribuirse únicamente a quienes hicieron trampa. Hubo autoridades que aprobaron la modalidad, áreas que contrataron la plataforma, responsables de probarla y funcionarios que debieron advertir los riesgos. Cuando todas esas decisiones desembocan en una crisis, el problema deja de ser informático y se convierte en una falla de planeación, supervisión y gobierno universitario.
Los aspirantes honestos fueron quienes enfrentaron las consecuencias. Jóvenes que estudiaron durante meses quedaron bajo sospecha, tuvieron que esperar nuevas decisiones o demostrar nuevamente sus conocimientos. En contraste, los responsables administrativos no explicaron con la misma claridad si el proceso había sido correctamente diseñado, probado y supervisado. La burocracia trasladó a los estudiantes el costo de decisiones que ellos no tomaron.
Este episodio también obliga a revisar el uso de la autonomía universitaria. La autonomía protege la libertad académica, la investigación y el autogobierno; no puede convertirse en una excusa para cerrar el paso a la fiscalización, ocultar contratos o diluir responsabilidades. Fue creada para proteger a la Universidad frente a presiones externas, no para proteger a su burocracia frente al escrutinio público.
La UNAM recibe la mayor parte de su presupuesto de recursos federales. Por ello, rendir cuentas no es una concesión, sino una obligación. La Auditoría Superior de la Federación debe revisar el contrato relacionado con la plataforma, el procedimiento de contratación, los anexos técnicos, las pruebas realizadas, los pagos, la capacidad del proveedor y la supervisión efectuada por la propia Universidad.
Esa revisión no debería limitarse a comprobar que existen contratos, facturas y pagos. También debe determinar si el sistema funcionó, si los riesgos fueron identificados, si hubo incumplimientos y si los recursos produjeron los resultados esperados. La empresa debe responder por sus obligaciones, pero la Universidad no puede desprenderse de la responsabilidad de vigilar un servicio que contrató.
Lo ocurrido también puso en evidencia un rezago que va más allá del examen. La UNAM cuenta con investigadores, profesores y estudiantes de gran nivel, pero su administración no siempre refleja esa capacidad. Persisten procedimientos lentos, plataformas desarticuladas, decisiones centralizadas y estructuras donde intervienen muchas áreas, aunque al final resulte difícil saber quién responde por el resultado.
La contradicción es evidente. La Universidad reúne especialistas en inteligencia artificial, ciberseguridad, estadística, auditoría y administración pública, pero no logró integrar ese conocimiento en uno de sus procesos más delicados. No faltaban capacidades técnicas; faltaron coordinación, escucha institucional y controles efectivos.
El rezago también aparece en la desigualdad entre planteles, el deterioro de instalaciones, la inseguridad, la saturación y la lentitud para actualizar algunos programas académicos. Mientras otras universidades fortalecen su internacionalización, innovación y transformación administrativa, la UNAM continúa apoyándose demasiado en la fuerza de su nombre. Su historia es motivo de orgullo, pero no puede sustituir los resultados presentes.
Hablar de corrupción exige pruebas y responsabilidad. No puede acusarse a toda la comunidad universitaria, pero tampoco debe ignorarse que la opacidad, las adjudicaciones cuestionables, la supervisión deficiente y la falta de consecuencias generan condiciones favorables para los abusos y conflictos de interés. La corrupción también aparece cuando un contrato fracasa, nadie responde y la responsabilidad se pierde entre oficinas, comités y comunicados.
Criticar a la UNAM no significa atacar la educación pública. Significa reconocer que una institución de esta importancia necesita mejores controles, autoridades responsables y menos resistencia al escrutinio. Repetir el examen puede resolver una parte del problema inmediato, pero no corregirá sus causas.
El examen terminó evaluando mucho más que los conocimientos de los aspirantes. Puso a prueba la capacidad de la UNAM para planear, prevenir riesgos, contratar, supervisar y rendir cuentas. En esos aspectos, la burocracia universitaria no estuvo a la altura.
La pregunta sigue abierta: ¿cómo pudo una institución con miles de especialistas, décadas de experiencia y un presupuesto multimillonario poner en riesgo el futuro de tantos jóvenes mediante un sistema insuficientemente probado? La respuesta debe surgir de una explicación pública, de la revisión de la Auditoría Superior de la Federación y de consecuencias para quienes hayan incumplido sus responsabilidades. La autonomía universitaria es demasiado valiosa para convertirla en refugio de la opacidad, y la UNAM es demasiado importante para seguir confiando solamente en su historia.
