Introducción
Rescatistas y ciudadanos remueven escombros tras el sismo del 19 de septiembre de 2017 en la Ciudad de México.
México es un país altamente expuesto a desastres naturales – desde poderosos huracanes en sus costas hasta devastadores sismos tierra adentro. Estos eventos ponen a prueba la capacidad del sector público para prevenir y responder eficazmente, así como la rendición de cuentas en el uso de cuantiosos recursos destinados a la atención de emergencias. Tan solo entre el año 2000 y 2018, los desastres naturales representaron en México pérdidas promedio de 2,357 millones de dólares anuales y unas 190 muertes por año, ilustrando la magnitud del reto. En este contexto, la auditoría al desempeño emerge como una herramienta clave para evaluar y mejorar la eficacia de las políticas públicas de gestión de riesgos y programas de protección civil. Este blog técnico – relacionado con la Academia Mexicana de Auditoría al Desempeño, A.C. (AMDAD) – explora cómo la auditoría de desempeño puede contribuir a la gestión de desastres naturales en México, asegurando la eficiencia en la prevención, la respuesta oportuna en emergencias y la correcta recuperación post-desastre, todo ello con un enfoque de profesionalismo y rendición de cuentas. A continuación, analizaremos el marco normativo nacional, ejemplos de casos mexicanos (huracanes, sismos e inundaciones) y el rol que desempeñan instituciones como la Auditoría Superior de la Federación (ASF México), para finalmente concluir con la importancia de fortalecer estas prácticas y un llamado a la acción.
Auditoría al Desempeño y la Gestión de Riesgos de Desastres
La auditoría al desempeño es un tipo de fiscalización que trasciende la mera revisión financiera para enfocarse en evaluar resultados. De acuerdo con la ASF (y las normas INTOSAI), consiste en una revisión objetiva y confiable para determinar si las políticas públicas operan bajo principios de eficacia, eficiencia y economía. En otras palabras, examina qué tan bien se están implementando los programas gubernamentales y si están cumpliendo sus objetivos con el menor costo posible, obteniendo el máximo provecho de los recursos disponibles. Aplicada a la gestión de riesgos de desastres naturales, la auditoría de desempeño evalúa integralmente las acciones del gobierno en todas las fases del ciclo de un desastre: prevención, preparación, respuesta de emergencia, recuperación y reconstrucción. La Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) ha propuesto inclusive un marco de seis etapas para auditar catástrofes, que abarca desde la mitigación y preparación antes del desastre, pasando por la respuesta inmediata (búsqueda, rescate, atención a víctimas) hasta la rehabilitación y reconstrucción de largo plazo. Esto significa que el auditor de desempeño examina, por ejemplo, si existían planes de emergencia y alertas tempranas eficaces antes de un huracán, qué tan oportuna y coordinada fue la respuesta durante la crisis, y si los programas de reconstrucción lograron restablecer la normalidad en el tiempo previsto.
En México, la gestión integral de riesgos de desastres está respaldada por un importante marco normativo nacional. La Ley General de Protección Civil (publicada en 2012) establece el Sistema Nacional de Protección Civil y las bases para la prevención, mitigación y atención de emergencias, definiendo conceptos clave como desastre, emergencia y gestión integral de riesgos. Esta ley, junto con su reglamento, asigna responsabilidades a las autoridades de los tres niveles de gobierno para coordinarse en la preparación y respuesta ante desastres, e incluye herramientas financieras como el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) y el Fondo de Prevención de Desastres (FOPREDEN). Las Reglas Generales del FONDEN, por ejemplo, describen el procedimiento para solicitar y ministrar recursos de emergencia y obligan a informar trimestralmente sobre el uso y destino de dichos recursos, además de prever revisiones de su operación por las instancias fiscalizadoras internas y externas. Esto refleja que la rendición de cuentas y la auditoría están imbebidas en la normativa, reconociendo que la eficacia en la atención de desastres depende no solo de contar con recursos, sino de usarlos de manera transparente, ágil y eficiente. En línea con esto, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) – máximo órgano de fiscalización en México – tiene el mandato legal de realizar auditorías de desempeño a programas públicos, incluyendo los de protección civil y gestión de desastres, para asegurar que cumplen con sus metas y optimizan el uso de los fondos públicos. Tras años de operación, el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) fue extinguido en 2021, lo que modificó de forma sustancial el esquema financiero para la atención de emergencias en México. Su desaparición implicó que los apoyos federales se canalicen ahora directamente desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, bajo un modelo presupuestario discrecional y sin reglas específicas de operación. Esta transición ha generado desafíos relevantes para la auditoría al desempeño, pues la ausencia de un fondo etiquetado y con procedimientos definidos dificulta la trazabilidad y la rendición de cuentas sobre los recursos destinados a la atención de desastres. En términos de evaluación, los auditores ahora enfrentan el reto de examinar cómo se priorizan, asignan y ejercen los recursos en un contexto sin el marco institucional previo que garantizaba transparencia y seguimiento.
Ejemplos de Auditoría al Desempeño en Desastres Naturales en México
Para ilustrar la relación entre auditoría de desempeño y gestión de desastres, resulta útil revisar algunos casos relevantes en México donde la ASF u otros órganos de fiscalización evaluaron la eficacia de la respuesta gubernamental ante huracanes, sismos o inundaciones. Estos ejemplos brindan lecciones aprendidas sobre qué funciona y qué áreas requieren mejora en nuestras políticas públicas de atención a desastres.
Sismos de 2017: evaluación de la eficacia en la respuesta y reconstrucción
Los terremotos del 7 y 19 de septiembre de 2017 (de magnitud 8.2 y 7.1, respectivamente) pusieron en marcha el FONDEN y múltiples programas de reconstrucción en estados como Chiapas, Oaxaca, Morelos, Puebla y la Ciudad de México. La Auditoría Superior de la Federación llevó a cabo auditorías de desempeño para determinar si la ayuda llegó con rapidez y si la reconstrucción se efectuó eficazmente. Los hallazgos revelaron deficiencias importantes: según el informe de la Cuenta Pública 2017, no se cumplieron los principios de eficiencia, eficacia, oportunidad y transparencia en varias de las zonas afectadas. De un total de 14,110 millones de pesos aprobados para FONDEN por esos sismos, la ASF revisó una muestra del ~21% (2,956 millones) y encontró irregularidades que derivaron en recuperaciones y recomendaciones por mejorar el manejo de los fondos. Entre las anomalías detectadas estuvo la lentitud en la entrega de apoyos: dependencias federales no dieron seguimiento puntual a la aplicación de recursos, provocando atrasos en pagos y trámites. Por ejemplo, la Secretaría de Gobernación tardó tanto en tramitar ciertas solicitudes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) que no se autorizaron recursos de reconstrucción a la SCT durante 2017, perdiéndose todo un año. Asimismo, Banobras (banco de desarrollo encargado de transferir fondos) notificó la disponibilidad de dinero a las instancias ejecutoras con desfases de hasta 16 días después de autorizados los apoyos, retrasando el inicio de acciones urgentes. La Auditoría evidenció también subejercicios y uso inadecuado de recursos en la reconstrucción de escuelas: en Chiapas, Morelos y Oaxaca se entregaron recursos tardíamente (41, 98 y 26 días de retraso, respectivamente, después del periodo de evaluación de daños) y algunas instituciones estatales gastaron parte del dinero en conceptos no autorizados o sin comprobar resultados. En resumen, la fiscalización de estos sismos de 2017 puso en evidencia que la respuesta gubernamental no fue lo suficientemente ágil ni efectiva, y emitió recomendaciones para agilizar la entrega de apoyos, mejorar la coordinación interinstitucional y reforzar la supervisión del uso de los fondos de emergencia.
Huracanes e inundaciones: lecciones de auditorías de desempeño en Guerrero, Chiapas y Baja California Sur
Los fenómenos hidrometeorológicos (huracanes, tormentas tropicales y lluvias extremas) representan la mayor parte de los desastres en México – aproximadamente 86.8% de los daños y pérdidas en el periodo 2000-2018 se debieron a este tipo de eventos. A lo largo de los años, diversas auditorías al desempeño han evaluado la eficacia de la respuesta a huracanes e inundaciones, dejando lecciones importantes. Un caso notable ocurrió tras las severas lluvias e inundaciones de 2013 asociadas a los huracanes Ingrid (Golfo de México) y Manuel (Pacífico). En el estado de Guerrero, por ejemplo, se destinaron recursos FONDEN millonarios para reconstruir infraestructura de caminos, vivienda, escuelas y hospitales dañados por esos eventos de 2013. Sin embargo, una auditoría de desempeño de la ASF encontró que la entonces Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) inició las obras con retrasos de hasta 119 días respecto a la fecha en que los recursos habían sido aprobados. Además, SEDATU no pudo comprobar que 52 contratos de reconstrucción cumplieron con los plazos estipulados, ni que las viviendas reconstruidas fueron entregadas en tiempo a los beneficiarios. En la Comisión Nacional del Agua (Conagua) se detectó otro problema: funcionarios solicitaron fondos de apoyos inmediatos por 158 millones de pesos tras las inundaciones, pero no ejercieron el 61.6% de esos recursos dentro de los 30 días posteriores al desastre, como era obligatorio. Estas demoras y falta de ejecución oportuna llevaron a la ASF a concluir que hubo deficiencias en la ejecución y seguimiento de recursos para emergencias, ya que muchos trabajos no se realizaron oportunamente ni se comprobó su realización, a pesar de tratarse de acciones prioritarias y urgentes para la población afectada. Cabe señalar que, normativamente, el propio acuerdo de creación del FONDEN establece que la atención a desastres “debe ser oportuna, efectiva y eficiente”, principios que no se estaban cumpliendo cabalmente en estos casos.
Otro ejemplo se dio con el huracán Odile (2014) que golpeó Baja California Sur. Las auditorías al desempeño que revisaron la reconstrucción tras Odile recomendaron a la Secretaría de Hacienda y a la Secretaría de Gobernación fortalecer los mecanismos de supervisión del FONDEN y considerar ajustes a las reglas de operación, para asegurar que las obras de reconstrucción se concluyan en los plazos establecidos y con la calidad requerida. Asimismo, auditorías a proyectos de vivienda en Chiapas después del huracán Bárbara (2013) revelaron graves demoras: en una localidad, las casas para damnificados se entregaron hasta finales de 2016, más de 3 años (317 días hábiles) de retraso respecto al inicio programado, lo que llevó a concluir que “no se cumplió con el objeto de atender en forma inmediata la emergencia” en esa comunidad. Peor aún, la supervisión de obra falló en detectar vicios de construcción (instalaciones eléctricas expuestas, muros agrietados, etc.), comprometiendo la calidad de las viviendas entregadas. Estos hallazgos subrayan la importancia de auditar no solo la rapidez, sino también la calidad y efectividad de la reconstrucción.
El huracán Otis, que impactó con fuerza inusitada el estado de Guerrero en octubre de 2023, reveló con crudeza las consecuencias de la falta de un mecanismo financiero estructurado como el antiguo FONDEN. La devastación de Acapulco y municipios aledaños obligó al gobierno a improvisar procesos de evaluación de daños y distribución de apoyos, sin la infraestructura administrativa ni los protocolos estandarizados que antes regían. La Auditoría Superior de la Federación y los órganos locales de control enfrentan así un nuevo campo de análisis: cómo auditar la eficacia de la respuesta y reconstrucción en ausencia de un esquema formal de financiamiento para desastres. Otis mostró que la gestión del riesgo en México requiere no solo recursos, sino también estructuras permanentes de gobernanza y fiscalización que aseguren continuidad institucional y aprendizaje a partir de cada emergencia.
En conjunto, los casos anteriores muestran cómo la auditoría al desempeño puede identificar cuellos de botella, retrasos injustificados, falta de coordinación y posibles ineficiencias en la gestión de desastres. Gracias a las recomendaciones de estas auditorías, se han propuesto mejoras como: simplificar trámites burocráticos sin comprometer la transparencia, establecer auditorías en tiempo real durante las emergencias, y reforzar la coordinación entre dependencias para que la ayuda llegue a quien la necesita en el momento oportuno.
Daños costeros causados por el huracán Patricia en 2015, en las costas de Colima, México. Las auditorías de desempeño evalúan si los recursos para la reconstrucción y mitigación de desastres se aplican eficazmente.
Rendición de Cuentas y Uso Eficiente de los Recursos Públicos en Desastres
En situaciones de desastre natural, la rendición de cuentas y el uso eficiente de los recursos públicos adquieren una relevancia crítica. Por un lado, los eventos extremos obligan a movilizar rápidamente grandes sumas del erario para asistencia humanitaria, reconstrucción de infraestructura y recuperación económica. Por otro lado, la urgencia de la situación puede llevar a relajar controles y a implementar procedimientos expeditos de contratación y gasto, lo cual si bien agiliza la respuesta, también abre la puerta a riesgos de opacidad o mal uso de fondos. De hecho, se ha observado que la ejecución de recursos de emergencia “siempre presenta irregularidades” en las auditorías federales justamente porque, al tratar de acelerar proyectos, a veces se obvian los procedimientos normales (por ejemplo, licitaciones públicas), lo que puede propiciar desvíos o sobrecostos. La ASF ha llegado a promover la idea de realizar auditorías en línea (en tiempo real) durante las emergencias para disuadir actos de corrupción y asegurar que cada peso se aplique a su fin legítimo. Igualmente, especialistas en gasto público destacan que la sociedad exige transparencia total en el manejo de recursos para desastres; lo peor que podría ocurrir es que, por falta de control, el dinero destinado a damnificados termine llegando tarde – “en febrero o marzo” del siguiente año, cuando la crisis ya pasó – o desviado para fines electorales u otras prioridades ajenas a la emergencia.
Por estas razones, la rendición de cuentas no es un lujo sino una necesidad en la gestión de riesgos: implica establecer mecanismos de reporte, supervisión y evaluación continua sobre cómo se están usando los fondos de emergencia. Desde el nivel normativo, México ya prevé algunas de estas herramientas (como los reportes trimestrales del FONDEN y la fiscalización por la ASF mencionados anteriormente). Sin embargo, la verdadera efectividad de la rendición de cuentas viene de la voluntad institucional de atender las observaciones de auditoría y corregir el rumbo cuando se detectan fallas. La auditoría al desempeño aporta valor no solo detectando deficiencias, sino también emitiendo recomendaciones constructivas para mejorar la gestión pública. Por ejemplo, si una auditoría encuentra retrasos recurrentes en la entrega de ayuda, podrá recomendar la simplificación de procesos burocráticos o la creación de un sistema de seguimiento electrónico de cada proyecto de reconstrucción. Si detecta sobrecostos o contratos adjudicados de forma opaca, sugerirá fortalecer los controles internos o incluso activar mecanismos sancionatorios. En última instancia, una sólida rendición de cuentas en desastres se traduce en mayor confianza de la ciudadanía: los contribuyentes y damnificados tienen el derecho de saber que los recursos públicos se utilizan de forma honesta, transparente y con el mayor impacto positivo posible.
Los eventos más recientes, como las inundaciones y deslizamientos ocurridos en Poza Rica, Veracruz, durante octubre de 2025, reafirman la urgencia de fortalecer la rendición de cuentas en todos los niveles de gobierno. Las emergencias locales, aunque menos mediáticas que los grandes sismos o huracanes, suelen poner a prueba la capacidad municipal de respuesta y coordinación. En estos casos, la auditoría de desempeño puede desempeñar un papel crucial para identificar fallas estructurales en la planeación urbana, los sistemas de drenaje o la gestión preventiva del riesgo, así como para verificar si los recursos estatales y federales realmente se aplican a la mitigación y reconstrucción de manera eficaz y transparente.
El Rol de la ASF y el Aporte de la Academia Mexicana de Auditoría al Desempeño (AMDAD)
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) desempeña un papel central en la fiscalización de los recursos públicos federales ante desastres naturales. Como órgano técnico especializado del Poder Legislativo, la ASF realiza auditorías de desempeño para evaluar programas como el FONDEN, el FOPREDEN, los Planes DN-III/E de auxilio en casos de desastre, entre otros, con el propósito de medir su eficacia e impacto social. A través de sus informes anuales y especiales, la ASF ha documentado múltiples áreas de oportunidad: desde la necesidad de actualizar el diseño normativo y operativo de los fondos de desastres, hasta mejorar la coordinación entre dependencias y la supervisión de las obras financiadas con recursos de emergencia. Un ejemplo concreto es la evaluación estratégica que la ASF realizó al FONDEN (Cuenta Pública 2019), donde identificó que la normativa del fondo estaba desactualizada y carecía de instrumentos para verificar el cumplimiento de sus objetivos, lo que suponía “un riesgo de opacidad y discrecionalidad en la operación del fondo”. Gracias a estas evaluaciones, hoy se reconoce la importancia de reformar y modernizar las reglas de operación de los esquemas financieros para desastres, incorporando mejores prácticas de gestión de riesgos y claridad de responsabilidades. Asimismo, la ASF ha recomendado que las autoridades consideren los marcos internacionales como el Marco de Sendai 2015-2030 para la reducción del riesgo de desastres, a fin de alinear las políticas nacionales con estándares globales de resiliencia.
Otro rol potencial de la ASF es impulsar la innovación en la auditoría de desastres. Documentos de la OCDE señalan que la ASF está explorando el uso de nuevas tecnologías – por ejemplo drones, GPS y herramientas de teledetección – para verificar físicamente obras de reconstrucción en zonas de difícil acceso, evaluar la calidad de la infraestructura reconstruida y realizar auditorías en tiempo real durante situaciones de crisis. Estas iniciativas podrían facilitar un monitoreo más cercano del desempeño gubernamental durante emergencias, enviando un mensaje claro de cero tolerancia al desvío de recursos incluso bajo presión. Cada vez que la ASF documenta y publica hallazgos sobre la gestión de un desastre (como los que repasamos en secciones anteriores), está cumpliendo con su misión de promover la rendición de cuentas. Pero además, está generando conocimiento valioso sobre qué estrategias funcionan en la práctica y cuáles no, contribuyendo así a mejorar la gestión pública hacia el futuro.
En este esfuerzo por mejorar la capacidad auditora y la gestión pública, también es clave el trabajo de instituciones como la Academia Mexicana de Auditoría al Desempeño, A.C. (AMDAD). La AMDAD, conformada por profesionales del sector público, auditores y expertos en fiscalización, tiene como objetivo difundir mejores prácticas de auditoría al desempeño y capacitar a los auditores en metodologías modernas. En materia de gestión de desastres, la AMDAD promueve la actualización constante de conocimientos en temas como evaluación de riesgos, indicadores de resiliencia, normatividad de protección civil y técnicas de auditoría especializadas para situaciones de emergencia. Al ser un foro académico-técnico, la Academia facilita el intercambio de experiencias entre auditores – por ejemplo, discutiendo casos de auditorías a desastres naturales en distintos estados – lo que enriquece la perspectiva de todos y redunda en auditorías más robustas y con mayor impacto. Asimismo, la AMDAD colabora con entidades fiscalizadoras (incluida la ASF y los Órganos Estatales de Control) para impulsar una cultura de evaluación del desempeño en toda la administración pública. Esto significa incentivar a las dependencias a que definan objetivos claros, midan resultados y abran sus programas a escrutinio, incluso en áreas sensibles como la atención de desastres. El resultado esperado a mediano y largo plazo es un gobierno más preparado para enfrentar catástrofes, con sistemas de gestión de riesgos fortalecidos y sujetos a mejora continua gracias al círculo virtuoso de evaluación – retroalimentación – corrección.
Conclusión: Hacia una Gestión de Desastres más Efectiva y Transparente
Enfrentar los desastres naturales en México con eficacia no solo requiere planes de protección civil y recursos financieros; demanda también un compromiso ineludible con la transparencia y la mejora continua de las políticas públicas. La auditoría al desempeño, con su enfoque técnico y objetivo, se ha consolidado como una aliada estratégica para evaluar qué tan bien estamos gestionando el riesgo y para impulsar los cambios necesarios que garanticen mejores resultados. Los casos analizados demuestran que las auditorías pueden descubrir demoras injustificadas, irregularidades y áreas de ineficiencia que, de no atenderse, pueden costar vidas, retrasar la recuperación de comunidades enteras y minar la confianza ciudadana. Por el contrario, cuando se fortalecen los mecanismos de rendición de cuentas, los recursos públicos se emplean de manera más eficiente, llegando a tiempo a quienes más los necesitan y logrando el impacto esperado (ya sea infraestructura reconstruida en plazo, comunidades más resilientes o sistemas de alerta temprana funcionando adecuadamente).
Es crucial que los profesionales de la auditoría gubernamental, los auditores internos, auditores superiores y contadores públicos del sector público, continúen capacitándose y aplicando las mejores prácticas en auditoría de desempeño para el ámbito de desastres naturales. Instituciones como la ASF México seguirán jugando un papel fiscalizador determinante, pero igualmente importante es la labor de formación y difusión que realiza la Academia Mexicana de Auditoría al Desempeño (AMDAD) para empoderar a la comunidad auditora con conocimientos de vanguardia. Nuestro llamado a la acción es doble: por un lado, a las autoridades y gestores públicos, para que atiendan con seriedad las recomendaciones de las auditorías de desempeño, integrándolas en la planeación y operación de los programas de gestión de riesgos. Por otro lado, a los auditores y profesionales de la fiscalización, para que sigan elevando la calidad de sus evaluaciones, manteniendo un enfoque propositivo y constructivo que ayude a las instituciones a mejorar.
En última instancia, avanzar hacia una gestión de desastres más efectiva y transparente beneficiará a toda la sociedad mexicana. Cada peso bien invertido en prevención, cada programa de reconstrucción que rinde cuentas y cumple sus metas, y cada funcionario comprometido con la mejora del desempeño, se traducen en vidas salvadas, daños evitados o mitigados, y comunidades recuperadas más rápido. Como lo enfatiza la AMDAD, la auditoría al desempeño no es un ejercicio punitivo, sino una herramienta de aprendizaje y perfeccionamiento de la gestión pública. Aprovechémosla al máximo para que, ante el próximo desafío de la naturaleza, México esté mejor preparado, responda con eficacia y pueda rendir buenas cuentas a su gente.
¿Te interesa profundizar en este tema o capacitarte en auditoría al desempeño? Te invitamos a acercarte a la Academia Mexicana de Auditoría al Desempeño, A.C., así como a revisar los informes y guías disponibles de la ASF. Juntos, los profesionales de la auditoría y los servidores públicos pueden fortalecer la gestión de riesgos en nuestro país, asegurando un futuro más seguro y con cuentas claras para todos.
