¿Qué sigue después del sistema nacional anticorrupción? | la silla rota

La reciente declaración de la presidenta Sheinbaum, en la que señala la necesidad de revisar el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) por considerarlo un entramado institucional complejo e ineficaz, reabrió un debate necesario. El SNA, creado en el sexenio de Peña Nieto, no logró incidir en la disminución de la corrupción, y aunque existieron oportunidades para corregir su rumbo durante la administración de López Obrador, lo cierto es que se dejó deteriorar sin que hubiera una alternativa capaz de ofrecer resultados. Hoy, frente a un problema que la ciudadanía percibe como uno de los mayores desafíos del país, es indispensable replantear a fondo el sistema de combate a la corrupción. La voluntad política: el factor ausente en las reformas Cualquier intento de rediseñar la estrategia de combate a la corrupción debe partir de algo fundamental: sin voluntad política real, ningún entramado institucional funcionará. México ha creado sistemas y organismos, pero rara vez ha dado el paso decisivo de dotarlos de poder, autonomía, recursos y respaldo político suficiente para enfrentar los intereses que sostienen la corrupción. Sin ese compromiso, incluso la reforma más sofisticada corre el riesgo de repetir el fracaso del modelo actual. Un punto central para cualquier reforma futura es separar con claridad las funciones de control interno de las funciones anticorrupción. Los órganos internos de control, las contralorías estatales, la Secretaría Anticorrupción, los órganos superiores de fiscalización y los tribunales de justicia administrativa buscan asegurar que las instituciones públicas operen dentro de la ley y alcancen sus objetivos. Sin embargo, su labor sólo es auxiliar en la lucha contra la corrupción, pero no es su función sustantiva. El combate directo a la corrupción recae en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y en sus equivalentes estatales. Confundir y mezclar ambos aspectos ha generado expectativas irreales sobre las capacidades de los organismos dedicados al control interno. Es necesario revisar la legislación que regula el control interno. La reforma anticorrupción de 2015–2016 volvió más lento y costoso el procedimiento administrativo sancionador, generando contradicciones jurídicas y reduciendo la eficacia del sistema. Es necesaria una actualización de la Ley General de Responsabilidades Administrativas para recuperar la agilidad e inmediatez requerida. Comprender la corrupción en México exige reconocer su carácter múltiple y la necesidad de estrategias diferenciadas: la corrupción asociada a grupos delictivos que compran protección; la corrupción electoral que distorsiona la competencia democrática; la corrupción regulatoria que altera mercados y favorece intereses económicos; la corrupción judicial que distorsiona la impartición de justicia; y la corrupción en el manejo de recursos públicos. Seguir el rastro del dinero: la pieza que falta Un problema clave es que la fiscalización que realizan las entidades de control interno se centra en aspectos normativos y procedimentales, por lo que es inapropiada para combatir la corrupción. La esencia de los actos de corrupción son los flujos ilícitos de dinero. Sin la capacidad para rastrear patrimonios, redes de prestanombres y vínculos, transacciones sospechosas, adquisiciones en efectivo, triangulaciones financieras y en general, lavado de dinero, cualquier sistema anticorrupción se queda incompleto. Combatir la corrupción implica seguir el dinero, no solo revisar expedientes. Fiscalía Anticorrupción fuerte e inteligencia anticorrupción México necesita una Fiscalía Anticorrupción fortalecida, con capacidades técnicas y forenses avanzadas, autonomía plena y acceso a registros patrimoniales, bancarios y de comunicaciones. A ello debería sumarse una Unidad de Inteligencia Anticorrupción especializada en identificar actos de corrupción, con herramientas comparables a las instituciones de inteligencia federal. Autonomía real y apoyo externo La autonomía es también un componente indispensable. Combatir la corrupción desde la estructura del propio gobierno es extremadamente difícil por las complicidades internas y conflictos de interés. Por ello, sería pertinente explorar modelos como el de la CICIG que estableció la ONU en Guatemala, o el modelo de Inspectores Generales de Estados Unidos.